Se repite que es la primera vez que en Colombia un expresidente es juzgado. Algunos historiadores colombianos han reaccionado a la tesis recordando que Gustavo Rojas Pinilla, el hombre fuerte de ese país entre 1953 y 1957, fue sometido a un juicio político por el Congreso Nacional y declarado culpable. Paradojas de la historia: de la corriente partidaria de Rojas Pinilla, luego de que fuera exonerado, surgiría, en los años 70, el Movimiento 19 de Abril (M-19), la guerrilla en la que militaría de joven el actual presidente Gustavo Petro.
La frase repetida en estos días alude, una vez más, al supuesto conservadurismo de la sociedad colombiana y a la irreductible politización de la justicia en ese país. Pero lo cierto es que desde hace tres años gobierna Colombia un político de izquierda, que la vicepresidenta del país es una mujer afrodescendiente y que una jueza municipal, Sandra Heredia Aranda, encontró al expresidente Álvaro Uribe Vélez culpable de “soborno en actuación penal y fraude procesal”.
El veredicto de la jueza está lejos de ser conclusivo y todavía faltan apelaciones y una prescripción en octubre. Pero la actuación de la jueza deshace estereotipos que se lanzan constantemente sobre la vida política en ese país y otros de la región latinoamericana y caribeña. Es sorprendente que esos estereotipos circulen tanto en la esfera pública de las izquierdas bolivarianas, donde con mayor dificultad podría imaginarse un proceso judicial contra un expresidente, ya que algunos se perpetúan por décadas y hasta mueren en el cargo.
De lo que no cabe duda es que en Colombia, como en buena parte del mundo, no sólo de América Latina y el Caribe, la justicia está politizada. No de otra manera se explica que desde que comenzó este proceso, que se deriva, a su vez, de uno anterior del propio Uribe contra el congresista de izquierda Iván Cepeda, buena parte de la derecha regional esté convencida de la inocencia de Uribe, así como casi toda la izquierda, especialmente la bolivariana, no dude de su culpabilidad.
La polarización, como en el caso del juicio a Jair Bolsonaro en Brasil, se vuelve aquí hemisférica. El Departamento de Estado de Estados Unidos y varios congresistas republicanos se han posicionado a favor de Uribe, desconociendo la soberanía judicial de Colombia. Pero el bloque bolivariano tampoco se queda atrás, intentando mezclar la causa puntual de este soborno con viejas cuentas pendientes contra el líder histórico del Centro Democrático.
Está por verse el impacto de este proceso judicial en la dinámica electoral que ya se adelanta en Colombia. Las elecciones presidenciales están previstas para mayo del año próximo, pero en octubre deben realizarse las primarias del Pacto Histórico, la alianza gobernante. El Centro Democrático, partido fundado por Uribe, ya tiene, por lo menos, cinco candidatos alistados, que podrían poner en jaque la continuidad de la izquierda en el país suramericano.