El presidente colombiano Gustavo Petro, a quien muchos auguraban una presidencia trunca, ha rebasado sus primeros tres años de gobierno y entra en pleno periodo sucesorio con varios candidatos de la derecha ya alistados para la contienda.
La sentencia de doce años de prisión domiciliaria contra Álvaro Uribe, que será apelada, no ha producido, como en Brasil, una inhibición sino un verdadero realce de perfiles uribistas y de otras tendencias opositoras más centristas a Petro.
Al juicio y la sentencia contra Uribe se agregan ahora el fallecimiento del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, como consecuencia del atentado que sufrió el pasado mes de junio, durante un acto de campaña. La reacción a la muerte de Uribe Turbay ha sido mayoritariamente adversa al gobierno de Petro, que tiende a relativizar la criminalidad y el discurso estigmatizador de la oposición desde el bloque oficial.
El presidente está enfrentando el complicado momento del fin de su periodo de gobierno de una manera errática. El foco de atención de Petro y el deteriorado Pacto Histórico debería ser la sucesión presidencial y la generación de una candidatura con capacidad de hacer frente a la derecha. Sin embargo, lo que se observa es un gabinete escindido y una apelación del presidente a conflictos con sus vecinos.
En las últimas semanas, Petro ha atizado el conflicto fronterizo con Perú por la isla Santa Rosa de Loreto, en la cuenca del Amazonas. La mayoría de los habitantes de la isla son peruanos y en la práctica el territorio es administrado por Perú desde hace décadas. Una ley reciente del Congreso peruano, que habilita la formalización de un distrito en la isla, provocó una reacción airada del presidente colombiano.
La isla formaba parte del municipio peruano de Loreto, pero fue la creación de ese distrito fronterizo la que motivó el reclamo de la soberanía colombiana sobre la región por parte de Petro. El presidente, a la usanza de Nicolás Maduro con el Esequibo y Guyana, se remontó a la vieja Gran Colombia para reivindicar los derechos de pertenencia.
La alusión a la Gran Colombia, que dejó de existir en 1831, unos meses después de la muerte de Simón Bolívar, también tiene implicaciones retóricas para la vecindad con Ecuador, ya que ese país se formó después de la fractura de aquella república. Perú y Ecuador son dos vecinos de Colombia, encabezados por gobiernos de derecha, cuyas relaciones con Venezuela son sumamente conflictivas desde hace años.
La partidización de la frontera, impulsada por el presidente Petro tiene, además, el inconveniente de enturbiar el panorama de la próxima cumbre de la Celac, que preside temporalmente Colombia. Si quiere asegurar una convocatoria amplia, el gobierno colombiano debería estar negociando y no confrontando su vecindad con Dina Boluarte y Daniel Noboa. Una nueva cumbre de la Celac sólo con mandatarios de la línea bolivariana podría representar el descalabro final del foro.