Uno de los retos que tenemos, en materia de economía, en México, es revaluar la figura del empresario, quien es la causa eficiente (de la cual procede originalmente el efecto), del progreso económico, definido como la capacidad para producir más (dimensión cuantitativa), y mejores (dimensión cualitativa), bienes y servicios para un mayor número de gente (dimensión social).
¿De qué depende esa capacidad? De las inversiones directas, que son las que se destinan a producir bienes y servicios, a crear empleos (para producir alguien debe trabajar), a generar ingresos (a quien trabaja se le paga por hacerlo), empleos e ingresos de los que depende, en buena medida, el bienestar de las personas, que debe ser el resultado de la generación personal de ingreso por trabajo, no de la redistribución gubernamental del mismo, por la que el gobierno le quita a Juan una parte de lo que, por ser producto de su trabajo, es de Juan, una parte de su ingreso, para darle a Pedro lo que, por no ser producto de su trabajo no es de Pedro, una parte del ingreso de Juan, lo cual, calificado engañosamente como justicia social, no deja de ser, como la llamó Federico Bastiat en su famosos escritos El Estado (1849), una expoliación legal.
Una pregunta más interesante es, ¿de quién depende la capacidad para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente? De los empresarios, quienes llevan a cabo las inversiones directas, quienes producen bines y servicios, quienes crean empleos, quienes generan ingresos, condiciones para el bienestar de las personas.
Lista, la reforma de aguas
¿De qué depende cuánto invierten directamente los empresarios en un país? De la competitividad de dicho país, definida como su capacidad para atraer, retener y multiplicar inversiones directas. Atraer: que los empresarios, nacionales y extranjeros, decidan invertir directamente en el país para producir satisfactores, crear empleos y generar ingresos. Retener: que los capitales ya invertidos directamente en el país se queden invertidos directamente en el país, es decir, que no se cierren empresas. Multiplicar: que las utilidades generadas por esos capitales invertidos directamente en el país se reinviertan de manera directa en el país.
¿De qué depende la competitividad del país? De una serie de variables que van desde la infraestructura de comunicaciones y transportes, pasando por la provisión adecuada de agua y energía, hasta llegar al cobro de impuestos, sin olvidar al Estado de derecho, definido como el gobierno de las leyes justas, siendo tales las que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos, en este caso de los empresarios, a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder hacerlo, derechos que en México no están, ¡increíblemente!, ni plenamente reconocidos, ni puntualmente definidos, ni jurídica garantizados, todo ello, como ya veremos más adelante, consecuencia del capítulo económico de la Constitución, artículos 25 al 28 principalmente, contrario a la economía de mercado en el sentido institucional el término, basada en la libertad individual, la propiedad privada y la responsabilidad personal, que es Estado de derecho aplicado a la economía.
Continuará.
