› Hilda Nucci asegura que, con el nuevo Poder Judicial, no sabemos cómo se aplicarán los criterios de protección ni qué reglamento sustituirá al anterior; el riesgo de indefensión es alto, señala
La libertad de expresión en México vive un momento crítico. Entre intentos de censura por funcionarios, demandas judiciales, presiones fiscales y la desaparición de órganos autónomos como el Inai, periodistas y ciudadanos enfrentan un terreno cada vez más complejo para ejercer sus derechos.
En este contexto, la Academia Mexicana de la Comunicación (AMDC, que preside el maestro Luis Raúl González Pérez, acaba de publicar el libro Libertad de expresión, la visión jurídica, coordinado por especialistas como Hilda Nucci, investigadora de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM. Esta semana, para La Razón, platicamos con Hilda Nucci sobre los riesgos actuales, los vacíos legales y las posibles rutas de defensa en la lucha por la libertad de expresión.
Otra raya de impunidad más al Cuau
Bibiana Belsasso: ¿Cómo surge este libro y por qué consideras vital la defensa de la libertad de expresión en un país donde las libertades parecen cada vez más restringidas?
Hilda Nucci: Este libro nace como iniciativa del Consejo Asesor Jurídico de la AMDC, con la idea de brindar a la ciudadanía herramientas jurídicas claras. Se trata de explicar cómo ejercer y hacer valer tanto derechos personales, como el derecho a la libertad de expresión y qué recursos legales existen cuando estos son violentados. La intención es que no sólo los especialistas, sino cualquier ciudadano, tenga un marco de referencia para defenderse.
BB: En México, funcionarios públicos han buscado demandar para censurar voces críticas. Incluso tú lo viviste con el expresidente Peña Nieto. ¿Qué pasó en ese caso y cómo debería proceder alguien que enfrente algo similar?
HN: No fue una demanda directa, sino una forma de censura a través de auditorías derivadas del libro que publiqué con Ernesto Villanueva. El problema es que los ciudadanos estamos en un estado de indefensión frente a funcionarios que deciden iniciar procedimientos legales o administrativos en represalia por el ejercicio de un derecho consagrado en el artículo 6° constitucional.
BB: ¿Qué establece el artículo 6.º de la Constitución?
HN: Reconoce la libertad de expresión como un derecho fundamental e incluye también el acceso a la información pública. La Suprema Corte ha señalado que los servidores públicos tienen una expectativa de privacidad mucho menor que la de cualquier ciudadano, porque están sujetos a escrutinio por el ejercicio de sus funciones. Esto significa que, si un periodista investiga el uso de recursos públicos o actividades oficiales, está plenamente en su derecho de difundir la información. El problema surge cuando los funcionarios no aceptan esa exposición y reaccionan con demandas o presiones.
BB: Y entonces es criterio de los jueces decidir si prevalece la libertad de expresión o el alegato de privacidad del funcionario.
HN: Exacto. Ahí se juega mucho, porque en ocasiones los jueces fallan en contra de la libertad de expresión, pese a los precedentes de la Corte.
BB: Recientemente, la Corte emitió jurisprudencias que buscan orientar a jueces y magistrados en estos casos.
HN: Básicamente, marcan que lo determinante es si la información es de interés público. Por ejemplo, si un funcionario se va de vacaciones con recursos propios, no tendría por qué hacerse público. Pero si usa dinero público, entonces sí hay interés ciudadano. Además, se considera la doctrina de la “real malicia”: No se puede publicar información con la intención deliberada de dañar, aunque sí se permite difundir hechos relevantes, incluso si afectan a un servidor público.
BB: Más allá de las demandas, también se usan mecanismos desde el poder para censurar, como auditorías de Hacienda.
HN: Sí, y no es nuevo. Lo vimos en el sexenio de Peña Nieto y sigue ocurriendo. Por eso debemos blindar a ciudadanos y periodistas. La libertad de expresión existe, pero en la práctica está acotada por decisiones judiciales que, a veces, interpretan erróneamente los límites entre crítica legítima y supuesta difamación.
BB: Otro frente es el de las redes sociales, que son terreno sin regulación clara. Tú dedicaste un capítulo a este tema.
HN: Siempre he señalado que habría que regular tanto redes como Internet. En México no está reconocido el llamado “derecho al olvido”, que sí existe en la Unión Europea. Este derecho permitiría exigir la eliminación de datos personales o noticias que afecten la honra. Aquí lo único vigente es el derecho de réplica.
BB: ¿Podrías explicar en qué consiste el derecho al olvido?
HN: Es la facultad de pedir que se elimine de Internet información relacionada con nuestros datos personales, o de corregir noticias que lesionen el honor o la imagen. En Europa, las plataformas deben atender estas solicitudes; en México, dependemos de la buena voluntad de las empresas y, en muchos casos, sólo queda la vía judicial, lo que encarece y dificulta el acceso al derecho.
BB: Y ni siquiera un juez garantiza rapidez.
HN: Exacto. Judicializar el derecho lo vuelve oneroso y poco accesible. Y aunque existe la Ley Olimpia para retirar ciertos contenidos, no hay un marco amplio para proteger otros aspectos de la vida privada.
BB: En ese vacío, un funcionario incluso podría filtrar datos fiscales o personales de un ciudadano crítico. ¿Qué implicaciones tendría?
HN: Sería una violación de la Ley de Protección de Datos Personales. Lo correcto sería denunciar ante el organismo garante, pero tras la desaparición del Inai estamos en incertidumbre. No sabemos cómo se aplicarán los criterios de protección ni qué reglamento sustituirá al anterior.
BB: Y con el Gobierno siendo juez y parte, el riesgo aumenta.
HN: Exactamente. El problema es que los contrapesos se diluyen. En otros países existen órganos autónomos que garantizan imparcialidad. Aquí tendremos que esperar a ver cómo funciona el nuevo esquema, pero el riesgo de indefensión es alto.
BB: ¿Qué impacto tendrá esto en la ciudadanía y en los periodistas frente a un Poder Judicial renovado y un Ejecutivo con más control?
HN: Dependerá de los nuevos criterios de la Corte. El hecho de que la autoridad concentre funciones de juez y parte puede limitar gravemente derechos como el acceso a la información. Lo que está en juego es si podremos seguir defendiendo la libertad de expresión con recursos legales o si quedaremos desprotegidos.
BB: ¿Dónde puede la gente obtener el libro?
HN: Estará disponible en el repositorio de la Universidad Panamericana y en la página de la Academia Mexicana de la Comunicación. La idea es que sea de acceso gratuito, para que todos los ciudadanos tengan a la mano información útil sobre cómo defender sus derechos.
BB: Una última pregunta. Con este nuevo Poder Judicial, ¿los ciudadanos realmente podremos defendernos?
HN: No podemos generalizar. Cada caso dependerá de la interpretación judicial y de la argumentación que se presente. Habrá que ver cómo evolucionan los criterios. Y les quiero comentar que estaremos presentando el libro en distintas universidades y el 18 de septiembre en la Fundación Miguel Alemán.
