El pasado 1 de septiembre inició un nuevo periodo para la impartición de justicia en México, el cual generó grandes controversias y una amplia discusión pública, entre las consideraciones están las siguientes: “el Poder Judicial sufrió un golpe de Estado”, “se terminó la división de poderes”, “empezaremos una nueva etapa con una Corte del pueblo y para el pueblo”; etcétera.
Desde luego que la elección de los jueces, magistrados y ministros fue un caos total, donde ganaron los candidatos que se recomendaron en los famosos “acordeones”, promovidos principalmente por Morena, y con una escasa participación ciudadana que apenas alcanzó el 12 por ciento de los votantes, cuestión que le resta un tanto de legitimación a los ganadores y, por ello, a los nuevos miembros del Poder Judicial.
También tenemos que reconocer que el Poder Judicial padecía un grave problema de corrupción, nepotismo, negligencia y una carga de trabajo que impedía que la justicia fuera pronta y expedita, y que, por el contrario, ha sido demasiado lenta; por lo tanto, se requería una reforma urgente, lo que no se esperaba era una elección directa de los juzgadores, además de un proceso oscuro para elegir a los que serían votados.
Piden 10% más para Coyoacán
Total, que sucedió todo lo anterior, los jueces, magistrados y ministros ya tomaron posesión de sus cargos, y ahora están sobre de ellos todos los ojos del mundo, y sobre todo, de la oposición, que espera cualquier falla para atacar al Gobierno y a Morena, quienes promovieron la reforma como un nuevo paradigma de impartición de justicia.
La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene por resolver varias cuestiones que generaron su transformación, y que son: 1.- Eliminar la corrupción. 2.- Agilizar la impartición de justicia. 3.- Desaparecer el nepotismo imperante en los tribunales. 4.- Realizar todo lo necesario para que las clases más desprotegidas tengan acceso a la impartición de justicia. 5.- Demostrar su independencia con respecto de los demás poderes y del partido de Morena.
Además de lo anterior, la SCJN tiene grandes asuntos que cuya resolución determinará el sentido de sus posiciones políticas y jurídicas, entre ellos los más importantes serán:
1.- El amparo en revisión 492/2023, referente a la impugnación en contra de una solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), por la solicitud de información, en la cual fue impedida de votar la ministra Lenia Batres, por haberse manifestado públicamente en contra del empresario.
2.- Amparo 5654/2024, relacionado con un juicio de amparo directo en revisión en el caso de Elektra.
3.- Resolver sobre la acción de inconstitucionalidad del llamado plan “B” de la reforma constitucional.
4.- Definirse sobre la constitucionalidad de la llamada reforma eléctrica, para definir los nuevos parámetros en la participación de la iniciativa privada.
5.- El amparo en revisión para determinar la generalización del aborto a nivel nacional.
6.- El amparo en revisión respecto del uso general de la marihuana.
Por lo anterior, el nuevo sistema judicial tiene un gran reto para demostrar el éxito o fracaso de la reforma. Esperemos que, por el bien del país, la impartición de justicia mejore.
