Mientras las noticias nos quieren distraer mostrándonos cuál es el costo de los zapatos de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o cómo los ministros de la SCJN van a tomar decisiones invocando a Quetzalcóatl, la realidad es que los ciudadanos hoy estamos ante una indefensión jurídica absoluta, sobre todo cuando se trata de ir en contra de quien hoy está en el poder.
Muchos de los que ganaron las elecciones judiciales fue con el apoyo de personas hoy poderosas, a quienes sí les van a deber lealtad.
En esos tribunales los mexicanos vamos a tener que defender la propiedad privada.
Ataque en Coahuayana
Ahora fue en Campeche donde el congreso local, encabezado por Morena, aprobó, en tan solamente cinco días, una reforma a la Ley de Expropiaciones y Limitaciones al Derecho de la Propiedad, impulsada por la gobernadora Layda Sansores, en la que básicamente puede quitarle a cualquier persona su terreno o su inmueble.
Con la reforma de Sansores el gobierno local le podrá quitar a cualquier ciudadano su propiedad bajo el argumento legal llamado “utilidad pública” y los afectados solamente tienen cinco días para defenderse o perderán su propiedad.
Esta nueva ley contempla otras figuras legales, como ocupaciones temporales, servidumbres administrativas y limitaciones de dominio de bienes particulares; que también entrarían en la declaración de “utilidad pública”. El gobierno local deberá publicar la determinación de declarar una propiedad “de utilidad pública” en el Periódico Oficial del Estado y deberá avisar a las personas afectadas de manera personal, quienes tendrán cinco días hábiles para manifestarse ante la Secretaría de Gobierno.
Se realizará una audiencia y los ciudadanos tendrán tres días para presentar alegatos de defensa. Después, en un plazo de 10 días, la autoridad deberá confirmar, modificar o revocar la declaratoria de utilidad pública. A partir de esa fecha, tiene 30 días para expedir el decreto de expropiación.
Imagínense que, en tan sólo cinco días, un ciudadano tenga que defender su propiedad.
Es decir, si alguien en Campeche tiene un predio en algún lugar en donde se le antoje al gobierno de Sansores poner una clínica, se lo pueden quitar.
LEY DE EXPROPIACIÓN EN CAMPECHE
Y una vez decretada la “utilidad pública”, el gobierno puede realizar la ocupación inmediata del inmueble y realizar las obras proyectadas.
Este tipo de leyes también han intentado hacerlas en otros estados de la República.
A finales del 2024, desde el Congreso de la Ciudad de México y a sugerencia del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, hermano de la actual ministra de la SCJN, Lenia Batres; se hizo la reforma al artículo 27 de la Constitución de la Ciudad de México, misma que generó angustia sobre el respeto a la propiedad privada.
En ese entonces platicamos con el notario Ignacio Morales Lechuga, quien explicó que, aunque el texto local se remite al federal, en la práctica transfiere al Gobierno central la facultad de imponer modalidades a la propiedad bajo el argumento de “utilidad pública”. Nos dijo que esta figura debe estar objetivamente justificada, como en la construcción de carreteras o aeropuertos, y siempre con derecho a defensa y pago justo al propietario.
A finales de diciembre de 2024, Morena y sus aliados aprobaron una disposición en el Código fiscal capitalino que obliga a los dueños de inmuebles con valor superior a 4.5 millones de pesos a declarar el estado de sus propiedades y quién las habita.
Morales Lechuga consideró que esto invade la intimidad familiar y vulnera derechos humanos protegidos por la Constitución, como la privacidad y el respeto a la propiedad. Señaló que la Tesorería ya cuenta con herramientas satelitales y drones para medir predios, por lo que la obligación de informar parece tener fines ocultos, incluso de carácter confiscatorio.
Morales comparó este tipo de medidas con antecedentes históricos en regímenes autoritarios como los de Hitler, Chávez o Castro, donde leyes similares derivaron en expropiaciones masivas. Advirtió que en México se observa un despojo paulatino de derechos, ejemplificado en la eliminación de la autonomía del Inai y la concentración de información en dependencias del Ejecutivo.
Ante posibles multas por incumplimiento, recomendó recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y al amparo. Finalmente, llamó a la ciudadanía a mantenerse alerta y defender sus derechos para no heredar a las siguientes generaciones una democracia debilitada.
Y es que, en la Ciudad de México, Morena y sus aliados aprobaron esta ley, como siempre en una fecha específica para que pasara desapercibida, en la que ahora el Gobierno de la Ciudad de México obligará a quienes tienen bienes en la CDMX, con un precio mayor a los cuatro millones y medio, a declarar qué usos se les da a los predios y quién habita ahí.
¿Para qué hacer esto si ya existe el Registro Público de la Propiedad? La Tesorería tiene posibilidades, por medio de satélites, de medir las dimensiones de los predios y hasta puede detectar el espacio de las áreas verdes de los predios.
Platicamos nuevamente con el notario Ignacio Morales Lechuga y nos explicó cómo funciona y a qué estamos obligados los capitalinos con esta nueva ley.
La reciente reforma al artículo 3º de la Constitución de la Ciudad de México eliminó la mención explícita al respeto a la propiedad privada y la subordinó al artículo 27 constitucional. Para el notario Ignacio Morales Lechuga, el cambio carece de utilidad práctica, pues no respondía a ninguna necesidad social ni demanda ciudadana, y parece más un gesto ideológico de desdén hacia la propiedad privada. Señaló que México, además, está obligado por tratados internacionales, como el Pacto de San José, que reconoce la propiedad privada como derecho humano, con jerarquía constitucional.
Morales Lechuga advirtió que la reforma genera temor porque abre la puerta a interpretaciones discrecionales sobre la utilidad pública, aunque aclaró que, con o sin reforma, las expropiaciones solamente pueden justificarse en casos objetivos como carreteras, ejes viales o aeropuertos, y siempre con derecho a defensa y pago justo.
Respecto a la obligación fiscal aprobada en 2024, que exige a dueños de inmuebles de alto valor declarar información detallada sobre sus viviendas, Morales Lechuga alertó de que esta medida invade la intimidad familiar, puede tener fines confiscatorios y recuerda prácticas autoritarias en regímenes como los de Hitler, Chávez o Castro. Subrayó que viola derechos humanos y abre un retroceso en libertades como la privacidad, la transparencia y el acceso a la información.
Concluyó que los ciudadanos deben mantenerse alerta, usar mecanismos legales como amparos y defender sus derechos frente al avance del Estado sobre las garantías individuales.
Ahora sí, con estas leyes y con un Poder Judicial en el que todavía no tenemos certeza, ¿quién podrá defendernos?
Los ciudadanos no debemos dejarnos llevar por distractores, la realidad es que en Campeche hoy sin motivo real pueden expropiar una residencia o terreno, aquí, en la Ciudad de México, cada día se buscan nuevas formas para controlar la propiedad privada.
Hoy en México y en esta coyuntura, no podemos bajar la guardia.
