En junio, la administración Trump comenzó a realizar operativos en Los Ángeles para detener migrantes basándose en cuatro factores: raza, idioma, ubicación y tipo de trabajo. En un mes se realizaron dos mil 800 arrestos, afectando a ciudadanos y no ciudadanos. Los integrantes de la comunidad latina reportaron sentirse inseguros y atemorizados de ser detenidos sin razón.
La vida cotidiana de esa colectividad sufrió un impacto negativo, reflejándose en inasistencias a centros de trabajo y escuelas. Algunas víctimas de las redadas buscaron la protección de la justicia federal. En sus demandas señalaron que los operativos violaban la Cuarta Enmienda que prohíbe a los servidores públicos realizar registros e incautaciones carentes de razón. Esa prohibición impide a los funcionarios detener a personas en lugares públicos, a menos que tengan una sospecha razonable de que hayan violado las leyes. La sospecha razonable, agregaron, debe estar basada en hechos específicos articulados entre sí, y no en perfiles que arrojan sospechas sobre categorías de personas.
El 11 de julio, la titular del juzgado del distrito central de California emitió una orden temporal que prohibió las redadas contra los migrantes al considerar que su puesta en práctica era inconstitucional. La jueza estimó que tener un aspecto racial o étnico específico, hablar en español o inglés defectuoso, asistir a lugares donde se reúnen los migrantes indocumentados (como lugares de reclutamiento de trabajadores manuales), así como realizar labores específicas (construcción o jardinería), incumplen con el estándar de sospecha razonable. La fiscalía federal se inconformó ante la corte de apelaciones del Noveno Circuito que admitió el asunto, pero mantuvo vigente la suspensión de la jueza de distrito. Ante esta situación, el 7 de agosto el fiscal general acudió ante la Corte Suprema señalando que la suspensión impedía los esfuerzos gubernamentales para hacer cumplir la ley. Su petición fue admitida y apenas el pasado lunes fue resuelta.
El proyecto del justice Kavanaugh consideró que hay al menos 15 millones de personas en Estados Unidos que carecen de estatus legal, 10 por ciento de las cuales habitan en Los Ángeles. Apuntó que las detenciones basadas en sospechas razonables se han llevado a cabo durante décadas. Con base en estas consideraciones propuso dejar sin efectos la suspensión otorgada por la jueza de distrito, pues la ley de inmigración y nacionalidad permite a los funcionarios interrogar a las personas sospechosas de estar ilegalmente en el país. Como ya es costumbre en ese tribunal, la decisión fue aprobada por una mayoría de seis jueces conservadores contra tres liberales. En un voto particular, la justice Sotomayor criticó el uso de tácticas de detención masiva que afectan desproporcionadamente a la comunidad latina, describiendo incidentes específicos de uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes migratorios durante las redadas, concluyendo que la decisión de la mayoría era un abuso del proceso judicial. En espera de la resolución de la corte de apelación, por lo pronto, las redadas en Los Ángeles se reanudarán.