La condena a 27 años de prisión contra Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado, conjura contra el orden constitucional y daño al patrimonio, en Brasil, se suma a algunos reveses recientes de las derechas latinoamericanas, como la sentencia contra Álvaro Uribe en Colombia o la derrota de la Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Pero ninguna de éstas desplazará el conflicto al plano hemisférico como la condena a Bolsonaro.
El proceso judicial contra Bolsonaro documentó al detalle la conspiración que el exmandatario encabezó para imponer su reelección y evitar el regreso de Lula da Silva al Palacio de Planalto. Quienes acompañaron a Bolsonaro en aquella empresa, sobre todo en sectores del ejército y la marina, compartían la nostalgia por el régimen militar que derrocó al Gobierno democrático de Joao Goulart en 1964 y sostuvo una dictadura por más de veinte años.
El bolsonarismo, a diferencia de otras derechas latinoamericanas, no oculta su vocación golpista. Desde su perspectiva, un proyecto de izquierda como el de Lula es un peligro para Brasil, aunque sea perfectamente democrático. De ahí que deba torcerse o abandonarse la normativa constitucional, si es necesario, para impedir su llegada al poder. La condena a Bolsonaro adquiere, entonces, una dimensión constitucionalista, ligada al respeto de la Carta Magna de 1988, documento central de la transición brasilera.
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La lógica golpista también identifica al bolsonarismo y al trumpismo, y el propio Bolsonaro no ocultó su respaldo a Donald Trump tras el asalto al Capitolio en 2021. Ahora esa identificación se convierte en el eje de una pugna hemisférica con la presión arancelaria que Estados Unidos aplica a Brasil, como represalia contra la condena a Bolsonaro, y la suscripción por parte del gobierno de Trump y el Departamento de Estado de la tesis de la “cacería de brujas”.
El canciller brasileño Mauro Vieira ha dicho con claridad que, aunque desproporcionados por la balanza comercial entre Estados Unidos y Brasil, los aranceles pueden ser debatidos por ambos gobiernos. Lo que no está en discusión, a juicio de Itamaraty, es la legitimidad del proceso judicial contra Bolsonaro y su grupo golpista. Mientras Washington utilice los aranceles para revocar o deslegitimar un proceso judicial en Brasil, las relaciones bilaterales entre los dos mayores países del hemisferio estarán en vilo.
Nunca, desde los tiempos de Goulart, los vínculos entre Estados Unidos y Brasil se arriesgaron tanto. Si la pugna hemisférica sigue escalando, muy pronto veremos al Gobierno de Lula involucrarse más y más en conflictos en los que sus diferencias con Washington son evidentes. Por ejemplo, en Venezuela, donde a pesar de no reconocer el triunfo electoral de Nicolás Maduro, Brasilia demanda el fin de la militarización del Caribe. Y, por supuesto, Gaza, donde Brasil promueve el cese de la ofensiva militar de Israel.
