El lunes pasado Jimmy Kimmel hizo lo que cualquier comediante político: abrió su programa con un monólogo sobre la noticia que sacudía a Estados Unidos —el asesinato de Charlie Kirk— y satirizó sobre la respuesta gubernamental. El martes estalló la indignación en redes.
El miércoles, horas antes de grabar, ABC y Disney bajaron la palanca y suspendieron el show “indefinidamente”. No hubo despido formal, pero el mensaje quedó claro: el costo de hablar subió de golpe.
¿Por qué pasó tan rápido? Porque apareció el árbitro. La FCC —el regulador federal que decide quién puede transmitir por radio y TV en todo el país— no programa ni regula contenidos, pero sí controla las licencias y vigila si una empresa puede fusionarse o comprar más canales. Sus cinco comisionados son nombrados por la Casa Blanca y su poder es técnico… Hasta que se vuelve político. El presidente de la FCC, Brendan Carr, advirtió en público que el caso Kimmel era “muy serio” y que podían actuar “por las buenas o por las malas”, recordando a las televisoras que operar exige servir al “interés público”. Si no les gusta, dijo, “pueden entregar la licencia”. Los ejecutivos entendieron la insinuación.
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En Estados Unidos las cadenas nacionales dependen de decenas de estaciones locales (afiliadas) para llegar a todo el país. Tras el regaño del regulador, varios grupos anunciaron que dejarían de transmitir a Kimmel. Es inusual que los afiliados dicten la programación a la cadena; pero no lo es si se considera que muchas de estas estaciones tienen operaciones de compra y venta, así como las grandes cadenas, que requieren el visto bueno de la FCC. La combinación de presión regulatoria, temor comercial y una rebelión de afiliadas hizo el resto.
Kimmel es, además, el rostro visible de un formato clave en la conversación pública de Estados Unidos: los “late-night shows”. Son monólogos diarios que muerden al poder y traducen con humor debates complejos. En los últimos años, cuando la mentira oficial se normalizó, fueron estos espacios —como los de Jon Stewart, John Oliver o Stephen Colbert— los que explicaron y exhibieron excesos con velocidad y alcance masivo. Por eso la suspensión importa: no se silenció a un comediante, se encogió un espacio de control cívico.
Mientras tanto, Trump sigue demandando medios (como intentó la semana pasada por 15 millones a The New York Times) y en muchos casos está ganando, como logró con Paramount y los 16 millones de dólares que pagaron por un programa de 60 Minutes que no le gustó. Los ejecutivos temían que litigar chocara con otras decisiones federales y decidieron pagar. El resultado práctico es inequívoco: si criticas, te esperan años de abogados o un cheque muy caro. Por la vía regulatoria, la FCC usó el lenguaje del “interés público” para marcar línea a quienes transmiten programación crítica. Y por la vía presupuestal, la administración presume palancas como recortar fondos federales, como ha hecho con las universidades. Distintos caminos, mismo destino: que cuestionar cueste.
El gobierno insiste en que defiende la libertad de expresión y denuncia la “cultura de la cancelación”. Pero celebrar la cancelación de Kimmel, amenazar licencias y forzar concesiones legales desde la Presidencia es lo contrario: es gobernar con miedo. Cuando el árbitro se vuelve jugador, los micrófonos tiemblan; y cuando la risa teme, la democracia pierde una válvula de escape.
