El principal obstáculo para el crecimiento económico —que pasa por las perspectivas de empresarios e inversionistas privados— es la gobernanza, conforme la más reciente encuesta con especialistas que realiza el Banco de México: el 37% de los consultados así lo reflejó, centrándose en la inseguridad pública, falta de Estado de derecho y, aunque en menos medida pero no menos relevante, indicaron la incertidumbre política interna, corrupción e impunidad en sus respuestas a la institución que lleva Victoria Rodríguez.
Y la entrada en funciones de un modelo de Poder Judicial por elección política se agrega a tales preocupaciones.
Las insistentes indicaciones presidenciales para que la Suprema Corte, de Hugo Aguilar, rechace los amparos interpuestos por Ricardo Salinas Pliego contra la cobranza fiscal de una suma inconstitucionalmente construida, son observadas de cerca por empresarios de todos los rubros.
Nuevo Consejo Presidencial
El hecho de que en el Senado se haya intentado revertir el principio de la irretroactividad de las leyes en un artículo transitorio de la Reforma a la Ley de Amparo atribuido a la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy —y presuntamente transitado por el líder morenista, Adán Augusto López— también fue percibido con alarma como el afán de anular la defensa legal del presidente de Grupo Salinas en torno a la consolidación de las pérdidas de Totalplay en Elektra conforme a las leyes vigentes hasta 2014.
Es decir, que si las leyes “se acomodan” para perjudicar a una persona, empresas o conjunto de ellas en específico, el Estado de derecho y la gobernanza no son propicias para inversiones de mediano y largo plazo.
Así, la recién aprobada reforma a la Ley de Amparo es calificada como perniciosa para los inversionistas nacionales y extranjeros por la Confederación Patronal de la República Mexicana, que encabeza Juan José Sierra, y exige a la Cámara de Diputados se corrija a fondo aspectos como el bloqueo de cuentas bancarias por reclamos fiscales que afectarán a miles de empresas, amén de los créditos fiscales “firmes y prescritos serán prácticamente imposibles de impugnar”, apunta la organización que alerta la destrucción de Pymes que no podrán garantizar esos créditos con depósitos en efectivo o cartas de préstamo financiero.
Tristemente, así lo constata el hecho de que por 11 meses consecutivos haya caído la inversión fija bruta y a julio pasado acumula una caída de 7.2% conforme datos del Inegi, de Graciela Márquez.
Para empresarios, pero también para propietarios de bienes inmuebles, también sonaron las alertas con las expropiaciones —a partir de una ley direccionada— que el gobierno de Layda Sansores realizó a propiedades de familias del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, en Campeche. Pese a que Moreno Cárdenas había demostrado en tribunales la licitud de esos bienes, fue objeto de la llamada “Ley Alito”…, lo cual ha sido advertido como una fisura más en la certeza jurídica de la propiedad privada.
Ciertamente, hay negocios privados, como los de Carso con Pemex, la construcción de nuevas rutas de tren de pasajeros o el megacentro de datos e Inteligencia Artificial CloudHQ que se edifica en Querétaro, que se expanden. Pero ello, no logra revertir el deterioro del entorno general del ambiente de negocios, crecimiento económico y creación de empleos formales por la implosión del Estado de derecho.
Larrea va por todo, y en serio…, y firme con Trump. Sólo los “analistas bisoños” (como los ha catalogado el gran Luis Soto) han creído que “los mercados le dieron la espalda” a Germán Larrea por la caída en el precio de las acciones de Grupo México por la oferta de compra del 100% de Banamex; igual de cándidas resultan aquellas opiniones que consideran que el “Rey del Cobre” sólo fue un lance para “jorobar” a Fernando Chico Pardo que recién cerró la compra de 25% del banco mexicano.
De entrada, un menor precio de Grupo México, facilita la recompra de acciones. Y mientras el grupo de control, Larrea y familia, no venda a precio bajo, pues no pierde. Pero el negocio principal de Larrea no está en México, sino en Estados Unidos, a través de American Minning Corporation (AMC) cuyos activos suman casi 23 mil millones de dólares y un capital cercano a los 12 mil mdd.
Vaya, AMC, que dirige Oscar González Rocha, ha detectado la oportunidad de reinvertir 6,200 millones de dólares en la reapertura de minas de cobre (y 2 mil millones más en minas de plata) en Estados Unidos dado que ese metal industrial fue clasificado como estratégico por el gobierno de Donald Trump.
En cuanto Banamex, con una oferta 6% superior a la de Chico Pardo y con la ventaja de evitarle a Citi el riesgo de que salga mal —a precio rebajado— el otro 75% de acciones en una oferta pública, Larrea ha puesto a pensar a los socios de Jane Fraser. Tome nota.
Cuajimalpa, el Lic. Alcántara acomoda las fichas. Hoy jueves, el alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos, haría bien en cuidarle las manitas a su director de recursos materiales, Miguel Ángel Delgado, y a su subdirectora de recursos materiales, Cynthia Lidia Ruiz, subdirector de servicios generales y a su canchanchán, Juan Gabriel García como subdirector de servicios generales: aprestan un concurso de compra de materiales de construcción y herramientas enfocado hacia un grupo de empresas bien definidas.
El concurso 30001020-003-2025 se enfila, nos aseguran, hacia las empresas Proveedora Alta, Zatule Rhamonse y Gerbisur. ¿Y quién mueve la jugada? Pues que es el exfuncionario de la alcaldía y hoy exitoso empresario Guillermo El Lic. Alcántara Bauza.
