No son pocos los que, al ver el aumento en el gasto del gobierno, y los incrementos en su deuda, sobre todo en el pago de intereses, están convencidos de que debe aumentarse la recaudación, ya sea evitando la evasión, ya sea aumentando las tasas de los impuestos que ya se cobran, ya sea introduciendo nuevos impuestos.
Uno de los argumentos a favor de su propuesta es que en México la recaudación equivale al 15% del PIB, del ingreso generado por el trabajo de los mexicanos, mientras que el promedio en los países de la OCDE, organización a la que pertenece México, es del 34%, más del doble.
Lo primero que hay que tener en cuenta, al hacer propuestas a favor de una mayor recaudación, es que el gobierno gasta en cosas que no debe, para financiar tareas que legítimamente no le corresponden, que van desde la satisfacción de necesidades hasta la defensa de intereses, razón por la cual gasta de más, con el agravante de que en muchos casos gasta de mala manera.
Acuerdo para levantar bloqueos
Para darnos una idea de lo escrito en el párrafo anterior tengamos en cuenta que, para 2026, solamente el 4.6% del gasto programable del gobierno federal se destinará a financiar sus tareas propias, aquellas que legítimamente le corresponden, a las cuales no puede renunciar sin dejar de ser gobierno, por más que siga siendo, desde el petrolero (quebrado) de la nación hasta el educador (adoctrinador) de la gente. Esas legítimas tareas son: prohibir violar derechos e impedir su violación (defender derechos) y, de fallar, castigar y obligar a resarcir al violador (impartir justicia).
Quienes están convencidos de que en México hace falta una reforma tributaria que incremente la recaudación están convencidos de que un mayor gasto gubernamental es bueno, y por lo tanto deseable, como si del mismo dependiera lo que verdaderamente importa para lograr un mayor bienestar que sea efecto, no de la redistribución gubernamental del ingreso, sino de la generación personal de ingreso por medio del trabajo. ¿Y qué es lo que de verdad importa? La confianza de los empresarios para invertir directamente, para producir bienes y servicios, para crear empleos y generar ingresos, condiciones del bienestar.
En México hace falta una reforma fiscal (lo fiscal abarca tanto el rubro de los ingresos del gobierno: impuestos y deuda, como el de los gastos: tareas propias del gobierno, desarrollo social y desarrollo económico), que comience eliminando los gastos que no tienen que ver con las legítimas tareas del gobierno, que el año entrante sumarán el 95.4% del gasto programable, y que termine cobrando el impuesto único, homogéneo, universal, no expoliatorio, a la compra de bienes y servicios para el consumo final, algo que, obviamente, no sucederá. Seguiremos padeciendo un gobierno hipertrofiado, metido hasta la cocina, que amenaza cada vez más la libertad individual y la propiedad privada, algo propio del Estado de chueco, antítesis del Estado de Derecho.
Dado que el gobierno gasta en cosas que no debe, razón por la cual gasta de más, con el agravante de que en muchos casos gasta mal, poner un peso más en sus manos implica “meterle dinero bueno al malo”, algo que, por decir lo menos, sería una imprudencia, por más que muchos digan que en México se recauda, como porcentaje del PIB, menos de la mitad que en el resto de los países de la OCDE. Bien vistas las cosas, ¡qué bueno que así sea!