“Tarde pero sin sueño”, así podría subtitularse el comunicado oficial del Consejo Coordinador Empresarial, a cargo de Francisco Cervantes, donde expresó su consternada posición de que las reformas a la Ley de Amparo “debilitan gravemente el Estado de Derecho, vulneran la seguridad jurídica y ponen en riesgo la continuidad de las empresas, el empleo y la inversión nacional y extranjera”; demasiado tarde para una entidad empresarial que el año pasado, tras bambalinas, aplaudió la sobrerrepresentación de los legisladores oficialistas que recién aprobaron abolir la defensa de los particulares ante el estado… una reforma enfilada básicamente con objetivos de recaudación fiscal extrema.
Existen unos 196 mil mexicanos que sostienen litigios fiscales contra el gobierno, mismo que busca obtener 2.1 billones de pesos, reveló recientemente el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmando que la Reforma a la Ley de Amparo tiene por objetivo aumentar los ingresos del régimen; una suma, aunque inmensa, sólo cubriría dos meses y medio del desbocado gasto público programado —y aprobado por la obediente mayoría en la Cámara de Diputados— de 10.1 billones de pesos para 2026.
Pero aunque la regresiva reforma —que primordialmente restringe la posibilidad de obtener suspensiones a los actos de gobierno como advirtió Olga Sánchez Cordero— tuvo como finalidad una venganza política contra Ricardo Salinas Pliego, su efecto expansivo es indiscutible.
Reconocimiento al Ejército
Ayer, luego de lo publicado en esta columna acerca de que Samsung, que encabeza Lee Jae-yong, sostiene un multimillonario conflicto fiscal y que ante la posibilidad de perder sus recursos de amparo ante la Corte de Justicia optaría por cerrar operaciones en México, la compañía que aquí dirige Thomas Yun expreso públicamente que buscan acercamiento para “una resolución constructiva a este tema mediante un diálogo continuo y colaborativo con el Gobierno de México”.
Para que una suspensión —en un juicio de amparo— proteja el interés del quejoso y no se congelen sus cuentas, ahora se tendrá que depositar en efectivo o carta crédito “para garantizar el pago al pueblo de México”, expuso ayer Claudia Sheinbaum al defender la reforma en cuestión.
Pero no está fácil para la firma coreana ni para el ecosistema que ha generado en nuestro país: se trata de una cobranza que supera los 300 mil millones de pesos que surgió de una interpretación que el Servicio de Administración Tributaria ha hecho sobre una de las variantes del Programa IMMEX… el cual se diseñó para incentivar la inversión extranjera, empujar exportaciones y modernizar el mercado interno.
Pero así como a la multinacional tiene hoy que expresar que “Samsung reafirma su compromiso con la inversión constante, el crecimiento sostenible y las contribuciones significativas al desarrollo de la economía mexicana, fortaleciendo así su alianza de largo plazo con la nación”, es fácil percibir lo que sucederá con los millones de pequeños comercios que verán, sí o sí la reducción de refrescos en sus establecimientos y la pérdida de clientes que optarán por comprar cigarros baratos de contrabando.
El big brother digital, o “ley espía” para las compras en línea contenido en las reforma de la Ley del IVA e ISR, acumula en pirámide tributos de 24.4% al consumo, tendrá como efecto que muchos emprendedores que ya se habían formalizado para las ventas en líneas, regresen a los mercados negros de la informalidad, también alertó la plataforma Mercado Libre que encabeza Marcos Galperin.
El comercio en línea y la IA, bien podría regresar a la época de las cavernas en el país.
Y ni así, pese a tal arrancadura tributaria, Hacienda tendrá que buscar deuda adicional por 1.6 millones de pesos para completar el gasto del año entrante.
Y con los cruceros, también. La diputada morenista Claudia Rivera justificó el aumento en casi 213% (el más alto de los incrementos aprobados en La Ley de Derechos) el cobro de abordaje a cruceros y otras embarcaciones para navegación de altura, asegurando que ello “no afecta a las familias mexicanas”.
Como el aumento se aprobó sin mediar diálogo alguno con la industria con la que se había acordado elevar gradualmente los 5 dólares a 15 conforme la demanda, la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe que encabeza Adam Ceseran evalúa el costo/beneficio de la decisión tributaria, así como rutas alternativas en Centroamérica.
Las familias de Cozumel podrían ser las primeras en ser afectadas.
Ya ni jugar es bueno. El incremento de 30 a 50% del Impuesto Especial a Producción y Servicios (IEPS) a juegos con apuestas y sorteos resulta una apuesta de alto riesgo y no una estrategia fiscal sólida.
La Secretaría de Hacienda busca recaudar más de 5 mil millones de pesos adicionales en 2026, argumentando que México está por debajo de países como Francia o Reino Unido en materia de impuestos a esta industria. Sin embargo, el contexto local es otro: aquí, seis de cada diez plataformas operan fuera de la ley y existen más de 4,500 sitios ilegales.
Es decir, que al igual que el comercio electrónico, la carga fiscal a juegos y sorteos incentiva más a salir que permanecer en la legalidad.
Así, esta nueva apuesta del gobierno podría terminar pagándose con la caída de un sector formal que apenas empieza a consolidarse.
En fin, aquí las gallinas de huevos de oro (y sus 70 mil empleos directos bien pagados) van a una olla de puchero que sólo aguantará unas semanas.
