No es la baja estacional de visitantes o mala temporada; tampoco el agotamiento definitivo de un “modelo turístico”…, pero, sin duda, se trata de una crisis estructural dentro de los mecanismos y relaciones de poder político y económico para la creación de riqueza de manera continua en Tulum como centro turístico de alto perfil, creando un sitio donde “o las personas son o muy ricas o muy pobres”, como define la exregidora morenista del ayuntamiento y entusiasta promotora turística, Anahí Mendoza.
Están crujiendo (y podrían colapsar) las estructuras construidas en torno a un núcleo de playas y servicios que surgieron como alternativa relajada y sofisticada, hípster, ante la masividad de Cancún y el desastre urbano en Playa del Carmen surgido al paso de los años. “Es la Crónica Anunciada de un Destino Turístico Emproblemado”, comenta Francisco Madrid, director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible Anáhuac Cancún (STARC, por sus siglas en inglés).
Una expresión de la situación es que, a sazón de la caída de casi 45% de la ocupación hotelera en Tulum, cerca de la mitad de los negocios han cerrado o disminuido radicalmente actividades. “Muchos de los trabajadores de restaurantes, comercios, servicios, se están regresando a sus comunidades, a sus pueblos, por falta de trabajo”, señala la exregidora. Y es que una renta “barata” de 11 mil pesos mensuales (unos 570 dólares) sólo es posible para un grupo de amigas-amigos que laboran en la zona turística, una casa pequeña muy distante de los puntos de atracción a la que sólo se puede llegar en motoneta o pagando taxis locales.
Mal momento para bloquear
El investigador y académico de la Universidad Anáhuac destaca que entre los abusos (no “precios altos”) en la venta de bienes y servicios están taxis, de la agresividad con que los taxistas se conducen contra choferes de plataformas digitales (Uber, DiDi) y sus pasajeros; son un monopolio de facto al no existir servicio de transporte público en el municipio y cuya mala fama ya es mundial.
La falta de infraestructura pública de transporte es tan ostensible como la de drenaje y alcantarillado (pero que el municipio cobra en zonas donde no existe el servicio), o como los cobros de acceso a la playa que intentó torpemente disfrazar el munícipe Diego Castañón.
Todo ello son síntomas de esa crisis estructural… una que aprovechan los mismos promotores y beneficiarios de una red estatal de especulación inmobiliaria y despojos de terrenos ejidales y comunitarios que opera abiertamente desde hace dos décadas al menos.
Esa red está lejos de desaparecer con gobiernos “transformadores”, esos que juraron acabar con el modus operandi de Roberto Borge, una red que en Tulum —señalan los afectados— cuenta con el apoyo del director de desarrollo urbano de la demarcación, Lorenzo Miranda, en alianza con la diputada por Morena Silvia Dzul, Audomaro Solís y varios excolaboradores del fallecido cacique Marciano Dzul.
El encarecimiento y despojo de la tierra, construcciones fuera de toda regulación, como las de Bahía Soliman, están em el centro de la crisis estructural en Tulum. Ya le cuento.
Gobierno no paga; pide donaciones médicas. En medio de los estragos que dejaron las inundaciones en el centro-golfo del país —y bajo el supuesto de David Kershenobich de que el sector público de salud tiene 97% de abasto de medicinas e insumos—, la titular de administración y finanzas de la Secretaría de Economía, Soledad López Acosta, solicita a la industria donativos para atender la emergencia.
El miércoles pasado, la funcionaria pidió por oficio al responsable del sector de la industria farmacéutica y equipo médico de la misma dependencia, Javier Dávila Torres, “fungir como enlace con la industria farmacéutica, a fin de gestionar la donación de medicamentos e insumos médicos que permitan atender las necesidades básicas de salud en las comunidades que actualmente permanecen incomunicadas o con acceso limitado a servicios médicos”.
El apoyo solicitado a una industria tildada de corrupta, neoliberal en los últimos 7 años (y a las que se adeuda aún 19 mil millones de pesos) consta de analgésicos (paracetamol e ibuprofeno), antibióticos, antidiarreicos, guantes estériles, cubrebocas, suero oral (ese que pagará impuestos) y sobres de rehidratación, crema para rozaduras o quemaduras leves, gasas estériles, vendas elásticas o de tela (productos cuya importación bloquea Cofepris), alcohol y agua oxigenada. El oficio concluye que, en recompensa al solidario gesto, la Presidenta hará llegar una carta de agradecimiento a las empresas que le entren.
Que Cumpla Cervantes: expresidentes CCE. Está difícil que Francisco El Suavecito Cervantes Díaz, tenga un cuarto periodo al frente del Consejo Coordinador Empresarial; porque no hay a la vista una contingencia que le obligue “a sacrificarse” por cuarta ocasión, ni conflicto o impugnación de alguna de las representaciones empresariales ahí agrupadas. Y, vaya, cualquier intento de convertirse en el “Fidel Velázquez del Empresariado” generaría un auténtico cisma. El 15 de octubre, una decena de expresidentes del CCE solicitaron vía epistolar a Cervantes Díaz que publique en breve la convocatoria a efectuar la elección de nuevo presidente en diciembre próximo tal y como lo marcan los estatutos de la asociación; ello en respeto a los acuerdos tomados por unanimidad en la Comisión Ejecutiva de marzo de 2025 entre los que destaca la competencia de “candidatos legítimos” registrados en enero de este año (y que sean propietarios de empresas); es decir, José Medina Mora, Juan Cortina y Héctor Tejada…, pero siendo que Tejada Shaar retiró su postulación, ya sólo hay dos candidatos. Por ello, abrir una nueva convocatoria a candidatos (por democrática que se diga) contravendría los acuerdos tomados en base a estatutos. La carta la firman Juan Pablo Castañón, Héctor Larios, Gerardo Gutiérrez Candiani, José Luis Barraza, Armando Paredes, Nicolás Madáhuar, Jorge Marín, Luis Germán Corcoba, Carlos Salazar y Héctor Rangel.
