Fue en el ya muy lejano 2013, cuando las aplicaciones de transporte comenzaron a operar en nuestro país. Sin embargo, casi a la par, comenzaron también los conflictos con gremios de taxistas y autoridades por restringir su operación o, en su defecto, regularla.
Son ya más de 12 años de operación de diversas empresas dedicadas a este tipo de servicios, en los que han convertido inconcebible la movilidad cotidiana en muchas ciudades sin su funcionamiento. Pero en este mismo lapso, los altibajos han sido muy diversos: mediación para permitir su operación, intervención de gobiernos para regularlos, imposición de impuestos y tarifas y —muy recientemente— intervención para, en principio, garantizar derechos laborales mínimos a sus operadores.
Pero lo que ha sido una constante a lo largo de este periodo, es el conflicto para poder brindar servicio en terminales aeroportuarias —principalmente— y camioneras, al grado que ha derivado en confrontaciones entre operadores de transporte por aplicación y gremios de taxistas, que han culminado en episodios de violencia directa en contra de operadores e, incluso, pasajeros.
Cónclave para el regalo de Alito
Es una realidad que, en otras capitales latinoamericanas, el funcionamiento de estos servicios es muy diverso. En Bogotá, Colombia, durante un tiempo, la operación de aplicaciones estaba completamente prohibida —no sólo en el aeropuerto, sino en la ciudad misma— y se realizaban retenes policiacos para detectar a sus operadores, con interrogatorios que involucraban a los propios pasajeros. En Santiago de Chile, estos servicios no tienen permitido recoger pasaje en el aeropuerto, pero tampoco dejarlo, por lo que actúan en complicidad operadores y pasajeros, para poder llegar a las terminales. En Lima, Perú, algunas compañías por aplicación cuentan con espacios oficiales para recoger pasajeros dentro del propio estacionamiento, mientras que las demás pueden levantar pasaje libremente en la avenida inmediata. Mientras que en Sao Paulo, Brasil, taxistas y operadores por aplicación coexisten libremente en sus aeropuertos.
En cuanto a nuestro país, se ha perpetuado un vacío legal en el que han tenido que cohabitar ambos tipos de servicios, y donde —en función de la legislación aplicable— en ciertos lugares los gremios de taxistas han impedido, al margen de la ley, que las aplicaciones de transporte brinden sus servicios —a pesar de tener el permiso de las autoridades, como en Cancún— o, en el otro extremo, las autoridades se han hecho de la vista gorda y han permitido que estos servicios funcionen a la vista de todos —como sucede en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde en diversos momentos, en principio, se les ha restringido la operación—.
Es así como, a inicios de semana, una jueza federal en materia administrativa concedió una suspensión definitiva en favor de Uber, por lo que sus conductores ya no podrán ser detenidos ni sancionados por recoger pasajeros en las terminales aeroportuarias de todo el país. Con este fallo, de nueva cuenta se abre un periodo de gracia indefinido para el funcionamiento de —al menos por ahora— este servicio de aplicación, en tanto se resuelve el fondo del amparo. Veremos si, de una vez por todas, esta larga disputa llega a su fin.
