Es apenas el principio. La clasificación que en Estados Unidos hicieron de los cárteles de las drogas como grupos terroristas, irá teniendo acciones cada vez más visibles. La destrucción de lanchas en el Caribe o en el Pacífico, de las que ya se pueden contar al menos 61 muertes, es la muestra de que en la Casa Blanca existe la determinación de tratar a los traficantes de drogas como si fueran combatientes enemigos, objetivos militares, para los que no hay que tener contemplación alguna.
La más reciente operación se realizó a unos 800 kilómetros de Acapulco, en el Pacífico Oriental, con un saldo de 14 personas abatidas que viajaban en cuatro lanchas. Son aguas internacionales, pero la cercanía con nuestro país hizo que la búsqueda de un sobreviviente la realizara la Marina Armada.
De acuerdo con datos de la DEA, el 75 % de la cocaína que llega a Estados Unidos lo hace precisamente por mar, procedente de Colombia, muchas veces bordeando por las costas.
Duarte queda preso
Las acciones del ejército de Estados Unidos son contrarias al derecho internacional, y la portavoz del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani, ha dicho que “el uso intencional de la fuerza letal sólo es permisible como medida de último recurso, cuando existe una amenaza inminente para la vida”.
También señaló que “las personas no deberían ser asesinadas por usar, traficar o vender drogas”.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), advirtió que los ataques con bombas o misiles contra narcotraficantes en el mar “sin el debido proceso y sin una justificación de legítima defensa inminente, establece un precedente peligroso para la lucha contra el narcotráfico en la región”.
El presidente Donald Trump sostiene que cuenta con la autoridad legal para ordenar los ataques sin la autorización de Congreso, porque los cárteles de las drogas son terroristas.
Es decir, las acciones van a continuar, más allá de lo que opinen los organismos de Derechos Humanos o los gobiernos de la región, incluido el de México, que ya manifestó su preocupación, e insistió en que la ruta para combatir el tráfico marino debería ser el de la cooperación, para detener a los probables delincuentes y llevarlos ante la justicia.
Uno de los problemas en el horizonte es que tarde o temprano habrá acciones en tierra. Es decir, se iniciarán en Venezuela y en Colombia, contra objetivos precisos y esto puede ocurrir después en México.
Será un dilema para toda la región, porque los ataques del ejército de EU se hacen sin consultas previas y sin que se tenga una idea de cuáles son las pruebas que amparan los operativos.
Decir que el debido proceso es vulnerado, es quedarse cortos, estamos ante un cambio de paradigma, una situación hasta ahora inédita, pero de la que ya hay referencias en otras naciones, las que padecen el yugo terrorista, pero también el de la forma de combatirlo.
