En este periodo de decadencia republicana y, especialmente, en lo que respecta al Poder Judicial, hay páginas y episodios loables que merecen ser destacados.
Así como hace unas semanas vimos a varios ministros —hoy en retiro— de la Suprema Corte, defender hasta el último aliento la independencia del Poder Judicial, en días previos presenciamos la despedida de otra dignísima jueza constitucional: la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Madeline Otálora Malassis.
Otálora fue designada, junto con otros seis integrantes de variopintas calificaciones, para la renovación total de la Sala Superior del TEPJF para iniciar funciones en noviembre de 2016. A diferencia de lo que tradicionalmente se venía haciendo, a partir de entonces se iba a realizar una virtuosa sustitución escalonada, cada tres años, con el propósito de equilibrar sangre nueva con experiencia y que la curva de aprendizaje no recayera en todos los integrantes del pleno. Otálora fue, además, votada por sus colegas como magistrada presidenta por un periodo que debía haber sido de cuatro años.
Flores desde Montreal
Pero muy pronto vendrían desastres constitucionales y batallas internas en un colegiado que, salvo honrosas excepciones, dejó mucho que desear desde sus inicios. La primera manzana envenenada fue la extensión del encargo de cuatro de los siete integrantes de la Sala Superior, lo que trastocaba un principio fundamental para la autonomía e independencia de los jueces: la inamovilidad del periodo de encargo (no fue el caso de Otálora, designada originalmente por nueve años). Luego de esa barbaridad, pronto también se hicieron imposibles de resolver las diferencias entre los bandos que se formaron dentro de la Sala Superior, razón por la cual Otálora no pudo completar el periodo para el que había sido designada como presidenta.
Con la salida de dos magistrados que no fueron reemplazados por los mecanismos constitucionales previstos, y de cara a la reforma y cooptación del Poder Judicial que estamos experimentando, así como la sintonía sin rubor con la agenda del régimen por parte de tres integrantes de la Sala Superior, los argumentos y votaciones con la Constitución y la ley en la mano de Janine Otálora fueron quedando en minoría. Otálora argumentó y votó en contra tanto de la sobrerrepresentación legislativa —por distorsionar la voluntad popular— como de la validación de la elección judicial —por el escandaloso uso de los acordeones, que viciaron la libre deliberación de los electores—.
Mientras tanto, para asegurarse de que la máxima autoridad electoral no fuera a propinar un revés al oficialismo en la validación de la sobrerrepresentación legislativa o, peor aún, en lo relativo a la elección judicial, se decidió “premiar” a los magistrados en funciones con la ampliación de su encargo hasta 2027. En un gesto sumamente loable de decencia y congruencia —algo rarísimo en la ética pública de este país—, Otálora decidió no beneficiarse de la ampliación de mandato y quedarse sólo por el tiempo por el que fue designada originalmente. Ni un día más.
Una referencia muy conocida señala que “los jueces se conocen por sus sentencias”. Muy cierto en el caso de Janine Otálora, a quien recordaremos como una incansable defensora de los derechos humanos y de la igualdad de género, así como por su presencia afable y por la elegancia con la que supo sortear los dilemas jurídicos y éticos más complejos. Con su profesional, sobria y elegante impronta, Otálora recibe el reconocimiento unánime de aquéllos para quienes la Constitución, la división de poderes, la autenticidad de las elecciones y la integridad moral, aún significan algo.
