El 24 de octubre, la magistrada Soto, expresidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral federal, presentó su informe de labores ante el pleno de ministros de la Corte. La expresidenta estuvo acompañada en ese acto de los demás integrantes de la Sala Superior, a excepción del magistrado Rodríguez. El hecho establece un marcado contraste con lo ocurrido el año pasado, cuando la magistrada Soto decidió enviarlo por escrito, a pesar de que la ley exige presentarlo personalmente.
También difiere de lo ocurrido en 2023, cuando tres de los integrantes de la Sala Superior (la magistrada Soto y los magistrados De la Mata y Fuentes), se tomaron una foto desayunando y publicándola en redes sociales mientras el magistrado Rodríguez rendía el informe.
La presentación del informe ofrece una oportunidad para recordar el controvertido proceso por medio del cual los integrantes de la Sala Superior fueron nombrados. En octubre de 2016, el Senado emitió una convocatoria mediante la cual los siete integrantes de ese órgano jurisdiccional, a fin de permitir una sustitución escalonada, ocuparían su cargo con diferente duración: dos lo harían por tres años (terminando en 2019), otros dos por seis años (finalizando en 2022) y tres durante seis años (concluyendo en 2025). Aunque ya habían protestado desempeñar sus cargos por periodos improrrogables, el Senado emitió a la siguiente semana un nuevo dictamen que extendió el nombramiento a cuatro de ellos: en lugar de concluir en 2019, dos terminarían cuatro años después y los dos que terminaban en 2022 lo harían dos años más tarde. El procedimiento fue impugnado ante la Suprema Corte, pero no se alcanzaron los votos para declararlo inconstitucional.
El Senado no cubrió las vacantes generadas por los dos magistrados que terminaron sus periodos en 2023. De haberse mantenido los términos de 2016, otros dos deberían haber concluido su encargo en 2024. Esto no ocurrió así debido a la reciente reforma judicial. Sus artículos transitorios determinaron que los integrantes de la Sala Superior prorrogarían sus cargos hasta 2027. También estableció que las vacantes existentes se someterían a las reglas del proceso electoral extraordinario de 2025. Los ganadores de esa elección ocuparían sus cargos durante ocho años. Tenemos pues que, a excepción de la magistrada Otálora (la única que respetó la duración del nombramiento recibido originalmente y quien dejó su puesto el 31 de octubre), el resto de los nombrados en 2016 aceptaron extender sus encargos más allá de la duración original: Infante y Valdés en lugar de salir en 2019 lo hicieron en 2023; Fuentes y Rodríguez no concluyeron en 2022, sino que lo harán hasta 2027, lo mismo que De la Mata y Soto quienes deberían concluir en 2025, pero su salida se dará dos años después. En tanto, árbitros de la legalidad, la ciudadanía espera que los juzgadores sean íntegros. La aceptación de prórrogas en sus nombramientos muestra que ése no es el caso de seis magistrados y exmagistrados de la Sala Superior.
