Tal parece que la propuesta para que la revocación de mandato de la Presidenta Claudia Sheinbaum se realice en 2027, junto a las elecciones federales de medio sexenio, y no en 2028, como lo establece el artículo 35 constitucional, va a seguir el mismo camino de la iniciativa de reforma judicial que le heredara su antecesor y que ella pidió ser discutida ampliamente en un “parlamento abierto”, que no fue tal.
Ahora, ante la prisa de empalmar su revocación con las elecciones de diputados federales, gobernadores y alcaldes, que se pretendía aprobar ayer en comisiones y hoy en el pleno de la Cámara de Diputados, el líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, a solicitud de sus colegas del PAN y PRI, dijo, solicitó a la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el exgobernador perredista de Michoacán —hoy morenista— Leonel Godoy, que “se amplíe el debate, y haya un parlamento abierto”.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
No habrá AcaMoto 2026
Se espera que esa movilización de más de 12 mil soldados y de contingentes policiacos a Michoacán, sumados a un significativo equipo vehicular y armamento, enviados a esa entidad para pacificarla, junto con reuniones del Gabinete de Seguridad del Gobierno federal, no acaben en convertirse en mera presencia y convivencia con quienes lideran o integrantes de grupos armados a los que irán a combatir, si es que en verdad se busca restablecer la tranquilidad.
Suponer que la sola presencia policiaco-militar en Uruapan, Apatzingán y otros municipios de Tierra Caliente envueltos en la violencia, va a propiciar una “operación hormiga” que los hará huir a estados vecinos, o les impedirá que salgan de sus madrigueras, en vez de enfrentarlos y combatirlos, será llevar al plan de paz michoacano al mismo fracaso de los anteriores.
”¿Por qué se retiró la Guardia Nacional de Uruapan, días antes del asesinato del alcalde Carlos Manzo?”, es la pregunta que el senador emecista Luis Donaldo Colosio Riojas formuló al mando de esa agrupación, en un documento presentado en la Cámara alta, para que explique motivos, criterios y fundamentos que justificaron esa decisión.
Expuso que la reducción de su permanencia en ese municipio, sin una justificación pública documentada, amerita que el Senado solicite formalmente a esa corporación un informe detallado sobre ese retiro a finales de octubre, que dejó inerme al edil ejecutado la noche del primer sábado de este mes.
Más allá de que al contralmirante Fernando Farías Laguna, la Fiscalía General le girara una segunda orden de aprehensión al no presentarse el sábado para la audiencia en el penal del Altiplano, nada se ha sabido de las investigaciones sobre el robo de combustible por el que está preso su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto.