El sábado pasado publiqué un artículo en el que contaba las humillaciones padecidas por mi madre en una sucursal bancaria por ser una anciana que ya no puede firmar igual que antes, que no sabe utilizar las aplicaciones de los teléfonos celulares y que ha perdido sus huellas dactilares.
Durante la semana recibí muchos mensajes de personas que me compartieron historias semejantes: ancianos in articulo mortis llevados a rastras al banco para hacer un sencillo procedimiento, ancianos que tienen que realizar engorrosos trámites notariales para comprobar su identidad o para permitir que sus hijos hagan gestiones por ellos, ancianos que son tratados como retrasados mentales por no poder usar las cada vez más enredadas aplicaciones digitales de los bancos y ancianos que son vistos como deformes por ya no tener dactilograma.
Estoy convencido de que, si usted no ha padecido de esos maltratos en su banco, seguramente tiene algún conocido de la tercera edad que los ha sufrido.
Reconocimiento al Ejército
Por eso, creo que no es una exageración sostener que millones de mexicanos —entre los que contamos no sólo a los ancianos, sino, además, a todos los familiares que se ocupan de ellos— han tenido experiencia de ese maltrato. Pregunte usted por ahí y comprobará lo que le digo.
Me atrevería a afirmar, por lo mismo, que la indignación del público con el sistema bancario es generalizada.
¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Quiénes velan por los intereses de los ancianos dentro del sistema bancario? Hace poco, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), propuso a los bancos que operan en México, una lista de 10 principios básicos a observarse en la atención a las personas adultas mayores.
La iniciativa va en la dirección correcta, pero me parece que es insuficiente.
La propuesta de la Condusef no tiene carácter obligatorio, es una sugerencia que aceptan los bancos de manera voluntaria.
Tengo entendido que todos los bancos la firmaron. Hay que reconocer que es un avance. No obstante, esos 10 principios son muy generales, no tocan directamente los problemas de la pérdida de las huellas dactilares o de la incapacidad para seguir firmando como antes o de las dificultades de los ancianos en el manejo de aplicaciones digitales. Además, por no tener un carácter normativo, no contemplan penalizaciones. No debe extrañarnos, por lo mismo, que siga habiendo maltrato a los ancianos en muchos bancos.
Pienso que la solución del problema ya no puede quedar sólo en manos de la Condusef. Me parece que debería involucrarse también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que hay circunstancias que no sólo tienen que ver con un trato inadecuado a las personas de la tercera edad, sino con algo más grave, a saber, con la violación de sus derechos humanos.
El artículo sexto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sostiene que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad. En México tenemos una identificación oficial, la credencial del INE, que no se le puede negar a ningún ciudadano, sin importar su sexo, raza o edad. Con ese documento todos acreditamos nuestra identidad. Sin embargo, para los bancos la credencial del INE no es suficiente ya que exigen, además, una prueba biométrica. Más allá de si eso es correcto, lo que se plantea, entonces, es la cuestión de cuáles deben ser las características de tal prueba biométrica. Para que se cumpla con un criterio de igualdad, es indispensable que la prueba no deje a nadie fuera por su sexo, raza o edad. Pues bien, la prueba del dactilograma es un requisito que evidentemente no cumple con ese criterio y, por lo mismo, es francamente discriminatoria. Como se sabe, un porcentaje muy elevado de personas de la tercera edad pierde su dactilograma. A mayor edad, es más probable que eso suceda.
Sin embargo, los bancos siguen insistiendo en exigir la prueba del dactilograma —conociendo sus limitaciones— y, al hacerlo, atropellan el derecho humano de muchos ancianos de que se les reconozca su identidad. Así de sencillo y así de cruel.
Los bancos deben rectificar y hacerlo pronto. Existen otras pruebas biométricas más seguras que podrían implementarse, como la del iris o la del reconocimiento facial.
