La salida de Alejandro Gertz Manero para ser nombrado embajador abrió un debate inmediato sobre las razones y el significado político del relevo. Hoy hay pocos que pongan en duda que fue la Presidenta quien solicitó su salida. La renuncia fue cuestionada por la oposición al no existir causa grave, lo que atizó las interrogantes sobre las motivaciones detrás del movimiento.
Las explicaciones más extendidas apuntan a un deterioro en la relación con la Presidenta, alimentado por filtraciones, tensiones y resistencia a integrarse a mesas de coordinación institucional. A ello se suma la necesidad de reforzar la articulación operativa entre la FGR, la SSPC y la UIF, para estabilizar la estrategia presidencial de seguridad.
Las implicaciones del relevo se proyectan en tres planos. En el institucional, la salida acelera una mayor alineación de la Fiscalía con el proyecto de Claudia Sheinbaum, lo que ha reavivado críticas sobre la erosión de su autonomía. La llegada de Ernestina Godoy como encargada de despacho —consejera jurídica, fiscal de la CDMX con Sheinbaum— sugiere continuidad con el modelo de coordinación que Sheinbaum construyó en su etapa como Jefa de Gobierno.
En el plano político, el episodio deja señales cruzadas: la oposición, que anteriormente había cuestionado duramente a Gertz, ahora lo defendió como un fiscal incómodo para la nueva administración, interpretando su salida como un paso más del Ejecutivo hacia el autoritarismo. Otros ven en la llegada de Godoy un golpe sobre la mesa de la Presidenta para poner orden en su coalición gobernante y en el tema más relevante para el país: la seguridad.
En el ámbito internacional, el ajuste envía señales relevantes hacia Estados Unidos en un momento de alta sensibilidad, tanto por la cooperación bilateral en seguridad como por el contexto previo a la revisión del T-MEC, donde un cambio decidido a favor de la Presidenta y Omar García Harfuch puede ser visto favorablemente por las autoridades estadounidenses.
El cargo de fiscal tiene una duración de nueve años. Gertz, nombrado en diciembre de 2019, debía permanecer hasta 2028. Su salida anticipada reduce el alcance del legado de la administración de AMLO y fortalece las capacidades de investigación y retaliación de Sheinbaum. Ahora, la Presidenta, de la mano de García Harfuch, contaría con el control de la FGR, la SSPC y la Unidad de Inteligencia Financiera.
La Fiscalía enfrenta un balance complejo. La reforma al Poder Judicial dejó de lado la reforma y la revisión de la FGR y las fiscalías estatales, las cuales enfrentan rezagos estructurales en procuración de justicia, baja efectividad en la conformación de carpetas y resultados limitados frente a todo tipo de delito. Es un dato conocido: el 93% de los delitos no se denuncian y de los que no se denuncian sólo se resuelve el 1%. La nueva persona titular tiene un reto enorme para estabilizar la institución, reconstruir confianza pública y principalmente hacer su trabajo.