Lo que es rutina en Estados Unidos, el establecer acuerdos con delincuentes en función de obtener información que ayude, en teoría, a detener a otros delincuentes todavía peores, se puede convertir en un dolor de cabeza para las autoridades en México. Como en pocos momentos, en cárceles al norte del río Bravo se encuentran personajes que pueden, si les conviene, a ellos o a la DEA, contar historias realmente explosivas.
Esto es así porque lo que tienen que decir no se refiere a un pasado remoto, sino a las urgencias de un presente más que escabroso. La cereza de ese pastel sería la revelación de organigramas que describan todas las complicidades, las sociedades y las redes de protección con las que contaron, pero, sobre todo, la posibilidad de romper con las estructuras de un negocio que ya no sólo se ocupa de la producción, trasiego y venta de las drogas, sino a la extorsión contra los ciudadanos.
Pero, para que esto tenga sentido, tiene que converger con investigaciones robustas, que permitan llevar a los cómplices ante los jueces, aunque esto no suele ocurrir, por omisiones diversas o por falta de voluntad, porque nadie quiere abrir armarios de los que pueden salir implicaciones más que comprometedoras.
Acuerdo para levantar bloqueos
Es el caso de Joaquín Guzmán López, quien se declaró culpable de traficar drogas y confesó que engañó a Ismael El Mayo Zambada para someterlo y trasladarlo a Nuevo México con el objetivo de obtener beneficio para él y para su hermano Ovidio Guzmán López.
Por ahora no hay datos que indiquen un acuerdo de altas proporciones, sino más bien el evitar pasar toda la vida tras las rejas, pero la factibilidad de avanzar en esquemas de negociación siempre está presente, porque es un incentivo de la propia ley, donde se privilegia el acuerdo y la confesión para evitar juicios largos y costosos.
Como suele ocurrir, este tipo de situaciones también pegan en el ánimo de integrantes de las fuerzas de seguridad y de las fiscalías que sí hacen bien su trabajo y que arriesgan la vida para detener a los maleantes que, luego de un periodo, son trasladados a Estados Unidos, donde obtienen beneficios a cambio de delaciones.
Es lo que ocurre en el caso de Ovidio, y no tanto de Joaquín, ya que este último se entregó por su propia voluntad.
Aunque ello también nos remite a una realidad terrible, la de aceptar que en nuestro país no hay forma de mantenerlos en la cárcel sin que se hagan dueños de ella, o de plano, se fuguen, como lo hizo el padre de los hermanos Guzmán en dos ocasiones y de prisiones de alta seguridad.
Y, peor aún, ni siquiera se puede aclarar lo básico, por ejemplo, quiénes estuvieron en la propiedad donde fue secuestrado El Mayo Zambada, además de su ahijado y del difunto diputado Cuén, asesinado ahí mismo.
