Después de su breve primer encuentro personal con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el viernes en Washington, y ayer ante un atiborrado Zócalo capitalino para festejar los siete años de gobierno de Morena, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró, optimista, que el Tratado de Libre Comercio entre ambos países y Canadá, será ratificado el próximo año.
En una parte de su mensaje de una hora, desde el estrado instalado bajo el frente de Palacio Nacional ocupado por integrantes de su gabinete —entre ellos el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, principal encargado de las negociaciones preliminares de ese acuerdo trilateral— dijo que las economías de México y Estados Unidos se necesitan para enfrentar y competir con las de otras regiones del mundo, al mostrarse satisfecha del encuentro que la mañana anterior sostuviera con su homólogo estadounidense y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Ataque en Coahuayana
Ante una de las mayores concentraciones que se han registrado en el Zócalo, ciertamente superior a las de los mejores tiempos del acarreo priista, la Presidenta hizo un repaso triunfalista de lo que en siete años ha logrado la Cuarta Transformación, desde que Andrés Manuel López Obrador asumiera el mando y arremetió contra quienes anteriormente hicieran de la corrupción una forma de gobernar, a espaldas de los más necesitados, que hoy apoyan a los gobiernos de Morena.
Advirtió que, a pesar de que sus adversarios promuevan campañas en redes sociales o a través de los “comentócratas”, de que el país dejó de ser libre y democrático o inventen versiones de que los otros Poderes están bajo control del Ejecutivo, el país avanza y mejora, y de paso, deslindó al Gobierno de cualquier vínculo con la delincuencia al asegurar que sus opositores no la vencerán.
Mientras tanto, la violencia se generaliza en el país y, al igual que la corrupción, sigue sin freno y hasta con no pocas complicidades, omisiones y disimulos, como en algunos casos denunciados públicamente de corrupción de funcionarios, políticos, legisladores y empresarios.
Sin esperar indicación alguna para atraer el caso, la Fiscalía General de la República inició una inmediata investigación sobre el estallido de un coche-bomba frente a la sede de la Policía Comunitaria en el municipio michoacano de Coahuayana que causó la muerte a cinco personas y graves heridas a una docena más.
Esa dependencia, ahora a cargo de Ernestina Godoy, envió a un grupo de peritos forenses y policías federales ministeriales para iniciar las investigaciones en una entidad en la que, tras el asesinato del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo, está bajo patrullaje de las Fuerzas Militares que, por lo visto, no logran frenar a los grupos armados.
