Si nos atenemos a la forma que se han aprobado las reformas de la llamada 4T y por lo que se ha visto desde hace algunas semanas, no hay indicio de que la reforma electoral vaya a ser parte de un debate abierto en que sean consideradas, no sólo escuchadas, las muchas voces de especialistas, partidos políticos, académicos y, en general, la opinión de mucha gente conocedora e interesada en el tema.
Todo viene de origen. Se creó una comisión integrada sólo por personas cercanas a la Presidenta y a la 4T. El coordinador de la comisión estableció que prevalecerán criterios aritméticos en el desarrollo y aprobación del proceso, dicho de manera llana, se escucharán muchas voces, pero todo se definirá en el Congreso vía el oficialismo.
A diferencia de la reforma política de finales de los 70, convocada por Jesús Reyes-Heroles, no solamente se abrió el debate, sino que las diferentes fuerzas políticas fueron partícipes de todo el proceso. En la creación de la propuesta presidencial todo se reduce a un pequeño número de personajes cercanos al Ejecutivo.
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No hay manera, por ahora, de conocer por dónde va la reforma. Se han organizado debates, algunos muy a modo sin saber si van a ser tomados en cuenta, o si sólo son escuchados y al final no serán de nuevo considerados.
El equipo que está desarrollando el proyecto se ha mantenido hermético. No se sabe absolutamente nada de por dónde irá el proyecto. Se han dedicado a escuchar, lo que no quiere decir necesariamente que esto sea sinónimo, reiteramos, de considerar.
Estos días, los integrantes de los OPLEs de todo el país han presentado sus propuestas. El trabajo de los institutos electorales estatales es de enorme relevancia. Descentraliza la elección y permite desarrollos propios para procesos con reglas propias. La Presidenta ya mandó línea esta misma semana, al asegurar que considera que el trabajo de los OPLEs duplica lo que hace el INE.
Todo apunta a que los órganos electorales estatales serán integrados al nuevo INE, bajo la premisa de que presuntamente duplican funciones y que son muy caros.
Este Gobierno y el anterior se la han pasado cuestionando el costo de las elecciones. Para los partidos en el gobierno la crítica tiene la lógica de que desde el poder se pueden desarrollar todo tipo de acciones electorales a través de sus aparatos y maquinarias políticas. Pueden gastar igual que cualquier partido, pero en el desarrollo del proceso tienen en sus estructuras la posibilidad de desarrollar campañas, en las cuales sea difícil de detectar el uso del dinero que viene de sus propias arcas; es evidente que para algo más deben servir los programas sociales.
La democracia tiene un costo, pero hay que valorar lo que significa. Es necesario reordenar el proceso económico para los partidos, por ahí corre mucho dinero, pero no perdamos de vista que buena parte de él cae en los partidos ganadores lo que lleva a que la competencia electoral termine por ser dispareja con todo y que se asegure que todos parten de cero; Morena tiene todo a su alcance.
A esto se suma que los partidos, el Gobierno y el Congreso actúan en la gran mayoría de los casos bajo la opacidad. El dinero se distribuye en un 30% para todos los partidos por igual y un 70% por el número de votos.
Son muchos temas. El tamaño del Congreso es uno de ellos. El nuestro no es grande en comparación con otros países con menos habitantes. Las prerrogativas, evidentemente, se tienen que moderar. Los plurinominales surgieron para ensanchar la democracia, se tienen que analizar, pero no desaparecer.
RESQUICIOS.
Se quiere hacer ver que Gabriel Boric se mantuvo distante de la ola bolivariana de Colombia, Cuba, Venezuela, y en algún sentido México. Boric estableció una izquierda moderna de construcción de derechos, es probable que lo veamos en cuatro años de nuevo en la presidencia chilena. Por acá lo señalan, se ve que no se han visto en el espejo desde el sexenio pasado con Trump.
