PESOS Y CONTRAPESOS

Buenas intenciones, malos resultados (2/3)

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón. Foto: La Razón de México

Una ley es eficaz si genera, en nosotros, la obligación ética, asumida por convicción, no por miedo al castigo, de obedecerla. Para que lo sea debe ser justa, debe reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente, nuestros derechos. Una ley justa formaliza, en el ámbito de las normas jurídicas, el principio ético de la justicia, del respeto a los derechos, regulando las relaciones entre personas, en lo que tiene que ver con la justicia, algo que no hacen las leyes que prohíben el consumo de determinadas sustancias, que no regulan relaciones entre personas, sino comportamientos personales.

Todo lo anterior tiene que ver con la Ley General de Salud, que en México prohíbe la adquisición, preparación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta, suministro y publicidad de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos, pero que permite su consumo, por lo que, de respetarse la ley (algo que no sucederá porque, dado que seguirá habiendo demanda y compra, seguirá habiendo oferta y venta), se condenaría a quienes vapean a una posición de autoproducción, ya que tendrían que producir, por sí mismos, sin recurrir a productores, distribuidores y vendedores, todos los enseres necesarios para vapear.

La ley no prohíbe el consumo de vapeadores. ¿Quieres vapear y cumplir la ley? Entonces, dado que está prohibida la oferta y venta de vapeadores, tienes que producir, de la A a la Z, todo lo necesario para poder hacerlo. Suponiendo que sabes cómo hacerlo, y que cuentas con todo lo necesario para poder hacerlo, ¿estarías dispuesto a hacerlo? ¿Cuántos vapeadores saben cómo hacerlo? Y de los que saben, ¿cuántos están dispuestos a hacerlo? Obviamente que, cualquier persona que vapea, tuvo que haber comprado todos los cacharros necesarios para hacerlo, violando la ley, que resulta ineficaz, porque no genera en las personas, de entrada, la obligación ética de cumplirla por convicción, no por miedo al castigo, y no lo hace porque es una ley injusta, que viola el derecho, de quienes ofrecen y demandan vapeadores, al ejercicio de su libertad individual y al uso de su propiedad privada.

¿Cuáles son las conductas que el gobierno debe prohibir y castigar? Las delictivas por su propia naturaleza, que violan derechos: matar, viola el derecho a la vida; secuestrar, viola el derecho a la libertad; robar, viola el derecho a la propiedad. Desde la producción hasta la venta vapeadores, ¿son actividades delictivas por su propia naturaleza? Quienes producen, distribuyen, comercializan, ofrecen y venden vapeadores, ¿violan derechos? No. Entonces no deberían, ni prohibirse, ni castigarse.

Pero vapear es dañino para la salud. Entonces, lo que hay que prohibir y castigar no es su producción, sino su consumo, lo cual suena lógico, pero resultaría, como ha sucedido con la prohibición de la producción y oferta de vapeadores, injusta e ineficaz. Ineficaz: no genera, en las personas, la obligación ética de respetar la prohibición. Injusta: viola el derecho al ejercicio de la libertad individual y al uso de la propiedad privada. ¿Por qué?

Continuará.

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