La intervención estadounidense en Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro y una nueva reconfiguración de la influencia geopolítica en América Latina, seguirá dando de qué hablar y ha colocado a México en el centro de un debate estratégico que va más allá del caso venezolano.
Tras días de especulación y declaraciones que incluso insinuaban una posible intervención de Estados Unidos en México, justificada nuevamente bajo el argumento del narcotráfico, el Gobierno mexicano logró tener comunicación con la administración de Donald Trump, siguiendo un camino similar al que previamente transitó Petro. Lo que se conoce de la llamada entre la Presidenta Sheinbaum y Trump, así como de las conversaciones entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado, Marco Rubio, confirma que Washington mantiene la presión sobre México para elevar su compromiso en materia de seguridad, como condición para reducir tensiones bilaterales.
La narrativa del narcotráfico funciona como un barril sin fondo. Por un lado, porque se trata de un problema estructural, sin solución rápida ni susceptible de resolverse mediante una intervención militar amplia. Por otro, porque la idea de una defensa hemisférica ofrece al gobierno de Trump una herramienta política de enorme rentabilidad interna, explotable casi sin límites. Para Estados Unidos, el tema sirve tanto como bandera electoral rumbo a las elecciones intermedias de noviembre como palanca para exigir concesiones en el terreno comercial. Pero esta dinámica también tiene rendimientos políticos en México: el discurso de soberanía, no intervención y resistencia frente a Washington activa un nacionalismo histórico y un sentimiento antiestadounidense profundamente arraigado, que contribuye a blindar la aprobación presidencial. La coyuntura no es enteramente adversa para el Gobierno mexicano.

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El segundo eje crítico es la economía energética. A raíz de la cuarentena impuesta a Venezuela y de las presiones acumuladas en los últimos meses, México se convirtió en el principal exportador de petróleo y combustibles a Cuba, abasteciendo cerca de 44 por ciento de las importaciones de la isla. Aunque la administración de Sheinbaum sostiene que se trata de envíos rutinarios y de ayuda humanitaria, este hecho abre un nuevo flanco de presión desde sectores republicanos en Estados Unidos, que exigen la suspensión de dichos flujos y advierten sobre sus implicaciones regionales.
Al mismo tiempo, la expectativa de Trump, de reincorporar rápidamente a las petroleras estadounidenses al mercado venezolano, chocó con una realidad incómoda: la devastación institucional, la infraestructura dañada y la ausencia de certeza jurídica hacen inviable, por ahora, una inversión masiva. La lección es doble. Primero, subraya el peso de las instituciones para atraer capital. Segundo, anticipa que la eventual reincorporación del crudo venezolano al mercado internacional, aunque sea a mediano plazo, podría erosionar la relevancia estratégica del petróleo mexicano.
Venezuela no es un episodio lejano. Es un catalizador que redefine los límites de acción de México, obligándolo a calcular costos, presiones y consecuencias en un entorno donde el margen de maniobra es cada vez más estrecho.

