Una de las características del gobierno de Campeche es que no tiene límites, ni legales ni políticos, que sorprende por la escala de arbitrariedades cometidas contra policías estatales, periodistas y ahora académicos.
Al doctor Jorge Alberto Abud Flores lo detuvieron porque “alguien” dio el aviso de que en el auto en que viajaba había armas de fuego. Los agentes que hicieron la inspección lo que “encontraron” fueron cinco bolsas pequeñas presuntamente de cocaína.
Pero no sólo eso le hicieron al rector de la Universidad Autónoma de Campeche, ya que lo destituyeron del cargo, luego de una sesión del consejo de la institución que se realizó a toda velocidad y en la que resultó designada Fanny Guillermo Maldonado.
Arranca con atención ciudadana
Lo burdo del procedimiento indicaría que en una situación de normalidad se daría marcha atrás en la fabricación de pruebas y en la evidente violación a la autonomía universitaria, pero bajo el mando de Layda Sansores no hay normalidad alguna.
La juez del caso, Guadalupe Taboada, es la misma que vinculó a proceso al periodista Jorge Luis González por incitación al odio, ordenando el cierre de Tribuna y prohibiendo que se hablara de la gobernadora de Campeche, en uno de los asuntos más arbitrarios de los que se tenga memoria.
Tal es la preocupación que la situación ha generado, que un grupo de académicos de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y de las distintas instituciones de educación, divulgaron un pronunciamiento en el que señalan que “la persecución política de la que han sido víctimas los periodistas en el estado de Campeche se extiende ahora a los académicos. Las razones son semejantes: mantener una actitud crítica y autónoma ante la intención del Gobierno de ejercer un control absoluto del poder, sin contrapesos”.
Y por ello demandan un proceso judicial respetuoso y justo para el ahora exrector.
Entre los firmantes se encuentran Alejandro Pisanty, Adriana Konzevik, David Pantoja, Jorge Javier Romero, José Woldenberg, Maite Azuela, Luis Enrique Giménez Cacho, Raúl Trejo y Manuel Perló, entre otros.
Si bien, lo que le ocurrió a Abud Flores es extremo, no hay que perder de vista que existen presiones diversas sobre las universidades y sobre la autonomía.
Una de las mayores afectaciones es la presupuestaria, ya que ahí es donde se hace sentir la verdadera estrategia de quienes definen el presupuesto público.
La ANUIES le puso números al problema al señalar que el déficit presupuestario en las universidades es de 50 mil 400 millones de pesos desde 2018.
Y no es que no hayan hecho su trabajo, lo hacen inclusive en esas condiciones y la matrícula se aumentó en 16.3% partiendo de 2018 al 2025.
Hay datos que muestran el enfoque actual, ya que desde 2026, el gasto en becas supera el asignado a toda la educación superior, es decir, 201 mil millones de pesos contra 180 mil millones de pesos.
Dinero transferido directamente, pero perdido en infraestructura y profesionalización. Ahí también cruje la autonomía.
