Nada de lo ocurrido en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro puede entenderse sin una paradoja incómoda: el dictador cayó, pero el régimen quedó intacto. Gobierno y oposición compiten hoy por complacer a Donald Trump, convencidos de que ponerse de tapete para ganar su favor es la única moneda que vale.
La escena roza lo grotesco: María Corina Machado entregando su Premio Nobel de la Paz al inquilino de la Casa Blanca y Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, abriendo las puertas a Washington para mantenerse en el poder. Trump sonríe mientras los venezolanos siguen viviendo con miedo.
La discusión pública se ha concentrado en lo simbólico, como el Nobel, las fotos, las frases trilladas o las reuniones con la CIA, pero ha dejado fuera lo esencial: la caída de Maduro no significó la caída del chavismo como régimen. Significó, más bien, su mutación. Estados Unidos decidió doblegar a Venezuela a través de las mismas estructuras que la sometieron durante años, apostando a que la continuidad autoritaria es más funcional que una transición incierta.
Ese control tiene un rostro concreto: los “colectivos”. Surgidos en los primeros años del chavismo hace más de dos décadas como organizaciones barriales “revolucionarias”, se transformaron con el tiempo en grupos armados parapoliciales, financiados y protegidos por el Estado. Operan en motocicletas, controlan territorios populares y actúan como fuerza de choque contra manifestaciones, periodistas y opositores. Han atacado a figuras políticas visibles, pero su poder real se ejerce sobre ciudadanos comunes: el vecino que habla de más, el comerciante que no obedece, el joven que comparte un video incómodo. Su mensaje es simple: en Venezuela manda el miedo.
La lógica de la persecución viene de lejos. En 2003 y 2004, tras el referéndum revocatorio contra Hugo Chávez, el régimen creó la llamada Lista Tascón, un registro con los nombres y números de identidad de los 2.4 millones de ciudadanos que firmaron para solicitar la revocación de mandato de Chávez. La lista se convirtió en un instrumento de castigo: despidos, exclusión de programas sociales y bloqueo laboral fue lo que le tocó a quienes ejercieron un derecho ciudadano. Ese fue el inicio de una política sistemática de segregación política. Años después, el chavismo perfeccionó el método con tecnología, llegando al extremo de crear aplicaciones para celulares y líneas oficiales para denunciar a vecinos “traidores”, normalizando la delación como práctica cotidiana. Hoy esos mecanismos siguen vigentes. Los reportes desde Caracas describen un país en normalidad forzada, con escuelas abiertas, mercados funcionando, pero teléfonos revisados, chats borrados, conversaciones en susurros. Los colectivos patrullan mientras el Estado inspecciona celulares en retenes nocturnos. Hablar sigue siendo peligroso.
Nada indica que esto vaya a cambiar con la tutela estadounidense. Las elecciones no están en la agenda inmediata de Washington y, aun si ocurrieran, éstas se realizarían sin desmontar el aparato de control y represión chavista. Las decenas de presos liberados son una cortina de humo para dar la apariencia de apertura mientras el miedo sigue entre los millones de venezolanos. Peor aún: la cooperación con Estados Unidos abre la puerta a más recursos para el régimen, ahora legitimado como socio pragmático en petróleo y seguridad. El chavismo se ha reciclado en neochavismo trumpista: menos retórico, más cínico, igual de represivo. Un ultranacionalismo que negocia su soberanía hacia afuera mientras aprieta más fuerte hacia adentro. Todo ha cambiado para que todo siga igual o, incluso, peor.