Hace tan sólo un par de años, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tenía alrededor de 9 mil millones de dólares de presupuesto anual, equivalentes a cerca de 150 mil millones de pesos.
Hoy, esa misma oficina tiene casi 10 veces más presupuesto, con 85 mil millones de dólares a su disposición, lo que la convierte en la agencia de seguridad estadounidense con más recursos, incluso más que la DEA o el FBI.
Eso equivale a 1.5 billones de pesos, suficientes para cubrir todo el presupuesto de nuestra Secretaría de la Defensa Nacional por una década completa. El presupuesto de ICE incluso supera el gasto militar de países como Israel. Estos recursos fueron asignados después de la aprobación de la conocida como Big Beautiful Bill a mediados del año pasado, un paquete agresivo de reordenamiento del presupuesto con el que Trump quitó cuantiosos recursos a programas sociales y gasto en salud para redireccionarlo a sus nuevas prioridades.
Lo que ha seguido ya no se explica sólo en términos migratorios. California fue el primer laboratorio: redadas masivas, agentes encapuchados, operativos en barrios enteros y choques abiertos con autoridades locales demócratas que denunciaron una ocupación federal disfrazada de aplicación de la ley. Lejos de contenerse, la Casa Blanca convirtió ese conflicto en vitrina política y lo trasladó a otros estados.
Minnesota es el episodio más reciente y más grave. En menos de un mes, dos ciudadanos estadounidenses murieron a tiros durante operativos de ICE en Minneapolis. Ambos casos fueron grabados por testigos. En ambos, la versión oficial difundida desde Washington chocó frontalmente con los videos. Y en ambos, Trump decidió no esperar investigaciones: optó por criminalizar a las víctimas, calificarlas de terroristas internos y culpar a gobernadores y alcaldes demócratas de permitir la anarquía. Ahí se revela una de las claves del trumpismo: la ruptura deliberada entre hechos y discurso.
Mientras las imágenes muestran agentes federales actuando unilateralmente como una fuerza cuasi-militar, el relato presidencial insiste en una narrativa de guerra con un enemigo en casa. No importa lo que muestran los videos; importa lo que Trump dice que ocurrió. La verdad se decreta y se repite hasta que deja de ser discutible.
Ese choque no es un error ni una improvisación. Es parte del diseño. ICE se ha transformado en una herramienta política que cumple dos funciones simultáneas: ejecutar una política migratoria extrema y provocar enfrentamientos directos con gobiernos estatales opositores.
Cada conflicto alimenta la idea de un presidente asediado por enemigos internos y refuerza la cohesión de su base política.
El presupuesto respalda esa lógica. Nunca antes una agencia civil de seguridad había concentrado tantos recursos, tan pocos contrapesos y una misión tan expansiva. ICE ya no sólo detiene y deporta: patrulla ciudades, reprime protestas y ocupa el espacio público con una lógica militar. Eso eleva inevitablemente el riesgo de violencia y reduce los incentivos para la moderación. La otra mitad del problema es la incapacidad de la oposición para frenar ese uso del poder. Sin control efectivo sobre el presupuesto ni una estrategia clara para limitar a la agencia, los demócratas reaccionan tarde y de forma fragmentada. Trump, en cambio, avanza con una fórmula probada: convertir el dinero público en un arma política y el conflicto en combustible permanente para su proyecto de poder.