¿Usted tiene la posibilidad de tener una camioneta de más de tres millones de pesos, con todo y blindaje?
Evidentemente muy pocas personas la pueden tener, pero los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí. Y con presupuesto público.
Y es que desde que asumieron funciones el pasado 1 de septiembre de 2025, algunos de ellos han mostrado que parece haberse diluido el tema de la austeridad. Y en algunos casos específicos hasta la congruencia.
Lenia Batres Guadarrama, por ejemplo, salió a decir que ella no había pedido una camioneta de este tipo. Mintió. Ella solicitó y autorizó la compra al formar parte del Comité de Administración.
El problema es el doble discurso, pero lo más preocupante es que muchos de los nuevos ministros ni saben trabajar. A mí, en lo personal, si estos ministros devengaran bien su sueldo, que compren lo que quieran: están trabajando y resolviendo. El problema es que no lo hacen.
Me atrevo a decir que hoy en día, con esta nueva Corte, la única que tiene experiencia judicial, con todo y lo que se le ha cuestionado, es la ministra Yazmín Esquivel Mossa, quien incluso ha estado en contra de algunas decisiones y actos de sus compañeros, como cuando Lenia Batres Guadarrama intentó impulsar una interpretación que debilitaba el principio de cosa juzgada, es decir, quería que la regla básica de que una sentencia firme ya no puede volver a discutirse dejara de aplicarse. Con este planteamiento, que va en contra de todo, si no se hubiera enfrentado a Batres, se hubieran podido reabrir juicios ya resueltos bajo el argumento de que fueron “incorrectos” o “injustos”.
Es decir, mientras Batres quiere juzgar lo ya juzgado, también quiere camionetas de tres millones de pesos contradiciendo la promesa de que la nueva Corte estaría marcada por la contención del gasto y el uso responsable de los recursos públicos.
Y es que gastan en cosas innecesarias sin dar resultados. El problema no son las camionetas, es la ineficiencia con la que trabajan.
El caso de los vehículos blindados no es el único señalamiento. A ello se suma la compra de 12 togas para los nuevos integrantes de la Corte, con un costo cercano a los 300 mil pesos. Casi 25 mil pesos por toga. Es otra vez el doble discurso.
CENTRO DE LA POLÉMICA
Otro caso en la que vuelve a aparecer quien se considera la “ministra del pueblo” es el tema que se dio a concer la semana pasada del contrato por 40 mil pesos para la elaboración de un retrato de la ministra Batres. La adjudicación fue directa y se hizo a nombre de Diana Carolina López. Después, la ministra insistió en que la información era “incorrecta”, pero el contrato ya estaba publicado, aunque no se haya realizado el trabajo.
Reitero: Lenia es parte de ese Comité de Administración donde se aprueban los gastos.
Lejos está la mayoría de los ministros de lo señalado aquel 1 de septiembre de 2025 cuando se ofreció erradicar el dispendio y los privilegios indebidos, del compromiso de no incurrir en gastos innecesarios y de mantener una Corte cercana a la ciudadanía.
Eso quedó en el discurso, como la austeridad que pregona quien, recordemos, propuso bajarse el sueldo, pero tiene un equipo que le cuesta al Estado mexicano millones de pesos al mes. La ponencia de Lenia está integrada por más de 50 personas —secretarios de estudio y cuenta, proyectistas, asesores y personal administrativo— cuyos sueldos, con base en tabuladores públicos del Poder Judicial, representan entre tres y 4.5 millones de pesos mensuales, es decir, hasta más de 50 millones de pesos al año.
Se bajó el sueldo, pero nos cuesta millones en la Corte. Y digo “nos cuesta” porque todo eso se paga con recursos públicos, es decir, impuestos.
En la Corte el Comité de Administración se encarga de todos los asuntos administrativos, de supervisar el desempeño de sus áreas internas y de validar el anteproyecto de presupuesto que se enviará cada año a la Cámara de
Diputados.
La composición de este comité se renovará cada dos años, con cada cambio de presidencia. Esto dio ventaja a la ministra Batres, pues será quien más tiempo participe en la conducción interna del máximo tribunal, ya que en menos de dos años asumirá la presidencia y, de manera automática, se mantendrá como integrante del comité.
El caso es que la austeridad prometida al asumir el cargo parece haber quedado en los discursos de septiembre, mientras los hechos continúan alimentando la percepción de una Corte lejana a la realidad que vive la mayoría de los mexicanos.
Y reitero: mucho más cara que las camionetas es la falta de preparación de estos ministros, la ineficiencia y la forma en que han borrado la independencia del Poder Judicial en México.