En Sinaloa el miedo ya es el común denominador en casas, escuelas y comercios, cuando los balazos abrazan a las víctimas en las calles, en una escalada de violencia que sólo desnuda un pacto a traición con el crimen organizado, que va disfrazado de “combate” en una sangrienta puesta en escena.
El secuestro masivo de al menos 10 trabajadores en un campamento minero en Concordia, ocurrido el 23 de enero y reconocido públicamente hasta días después, es un golpe directo a un sector económico formal, a personal especializado y sus familias, donde el control territorial se disputa a plena luz y sin recato.
Lo mismo sucede contra ingenieros y guardias, que contra legisladores, como ocurrió con Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, quien perdió un ojo en su ataque a balazos.
Cambios en la Defensa
Y otro caso, cuya crudeza y carga de indignación explica por qué en Sinaloa el ciudadano siente que el Estado falla incluso cuando “viene a proteger”, es el de Fernando Alan Cháidez, abogado de 24 años, muerto el 13 de enero en Culiacán por disparos de elementos del Ejército que lo confundieron durante un operativo.
Hubo marcha, duelo público y se evidenció que el uso de la fuerza sin controles claros ni transparencia es una amenaza y exhibe el costo humano de un modelo de seguridad que se recarga en despliegues antes que en inteligencia, investigación y prevención.
Sinaloa vive episodios que son radiografías del terror cotidiano en la entidad, como el secuestro de aquella influencer en Culiacán, captado en video y viralizado, que afortunadamente terminó con su localización con vida, pero desnudó la fragilidad de una comunidad terriblemente expuesta.
El envío de 1,600 militares a Sinaloa, con refuerzos en Culiacán y Mazatlán y elementos de fuerzas especiales, nos repiten un cuento ya mil veces contado que anticipa los mismos resultados. Ninguno en realidad.
Porque ha quedado demostrado que no se trata de más elementos de seguridad en la calle, como un parche, sino de atrapar a las cabezas de esa delincuencia amenazante, en favor de la seguridad de la población y no de la protección de una colusión criminal.
En la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (Ensu) del Inegi, Culiacán cerró diciembre de 2025 con 88.1% de su población adulta diciendo que es inseguro vivir ahí.
No es una percepción en el sentido práctico de la palabra, es una medición de miedo social colectivo, sostenido y con efectos económicos y humanos que se pueden palpar.
La Unión de Locatarios del Centro de Culiacán reportó el cierre de 138 negocios hasta la primera quincena de enero y, cuando cierran negocios, no sólo se baja una cortina, son empleos, es la vida de una familia, la circulación humana de una calle que se va vaciando, se empobrece el tejido urbano y la violencia va cubriéndolo todo como una cobija asfixiante.
Una crisis que también se mide en desplazamiento. El informe “Travesías forzadas: Desplazamiento interno en México”, del programa Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana señala que Sinaloa concentra el 15% del total de personas en el país forzadas a abandonar sus hogares por la violencia.
Sólo en 2024 se documentaron 6 mil 476 personas desplazadas en siete eventos, en el contexto de la pugna criminal que se intensificó desde septiembre de 2024. Eso significa familias rehaciendo una vida en otro municipio o en otro estado, sin registro completo, sin reparación, sin garantías de retorno.
Sinaloa está mostrando algo que inexplicablemente México ya no discute: la militarización como reflejo automático, que no sustituye un sistema civil de investigación, justicia y prevención.
Porque cuando la ciudadanía percibe que la ley llega tarde, confundida, o llega sólo a contar muertos, lo que crece es la normalización de lo intolerable.
Acostumbrarse a que una mina pueda ser tomada, sin importar si se trata de un proyecto con una inversión de 300 millones de dólares, que ha generado unos 230 empleos directos e indirectos.
Acostumbrarse a que la delincuencia organizada le arrebate a México estas oportunidades de inversión y empleo para cientos de personas que merecen un trabajo digno.
Acostumbrarse a que un joven pueda morir siendo “confundido”; a que un representante popular puede ser atacado a balazos en plena calle o que un comerciante baje la cortina de su negocio cada noche, aterrado, sin la certeza de poder volverla a levantar.
Sinaloa es el peor espejo del México que necesita cambiar, que merece paz, oportunidades y gobiernos limpios de sangre, que no pacten con la delincuencia, que se comprometan con la seguridad y la tranquilidad de una comunidad que está agotada de vivir con tanta frustración y miedo.
