Dos organizaciones no gubernamentales internacionales recientemente dieron a conocer las últimas mediciones anuales sobre sus respectivos objetos de estudio.
El reporte de Human Rights Watch (HRW) sobre el estado de los derechos humanos y el de Transparencia Internacional relativo al índice de percepción sobre la corrupción. En ambos casos, la evaluación de México es reprobatoria. Esto es consistente con los últimos estudios de opinión pública sobre el desempeño del gobierno: una popularidad muy elevada de la gestión presidencial, ciertamente, pero que coexiste con una altísima desaprobación en términos del combate a la corrupción y los problemas de seguridad pública que enfrenta el país.
Si algo reflejan los informes de HRW y Transparencia Internacional es la crisis estructural que padece el país en términos de violaciones a derechos humanos y combate a la corrupción, con un componente “novedoso”, no porque no se supiera, sino porque ahora se hace un énfasis particular en los vínculos del crimen organizado con sectores del gobierno.
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El Informe Mundial 2026 de HRW consigna que, entre violaciones a derechos humanos y malas prácticas en cuanto a su protección, México atraviesa una profunda crisis, en razón de la violencia criminal perpetrada en el país, la impunidad, abusos de las fuerzas armadas y un notorio retroceso democrático.
Las evidencias que el informe presenta son de igual manera contundentes. Se describen las consecuencias del incremento en la militarización del país, que ha provocado, entre otras cosas, abusos, ejecuciones extrajudiciales y obstáculos en el acceso a la justicia —desde luego, la reforma al Poder Judicial ha hecho su contribución al desastre—. ¿Cómo no obtener una evaluación así, si se considera que en el último año ocurrieron hechos tan atroces como el hallazgo del centro de exterminio en el rancho Izaguirre en Jalisco, asesinatos de alto impacto en Michoacán, otro año más de sangre y fuego en Sinaloa, ejecuciones de madres buscadoras y periodistas y un largo etcétera?
El informe de Transparencia Mexicana tampoco da lugar al menor resquicio de optimismo: México obtuvo 28 sobre 100 de calificación y se ubicó en el lugar 141 de 182 países evaluados en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Para ponerlo en contexto respecto a la medición de 2024, el país subió un punto en la evaluación, pero bajó un lugar en el ranking. México obtiene la peor evaluación entre los países de la OCDE y apenas supera a Rusia en el G-20. Lo que se evidencia es que, durante los últimos años del obradorato, el país ha obtenido las peores evaluaciones y se encuentra estancado en el combate a la corrupción.
Estos resultados son consecuencia de un abanico de conductas en el sector público que incluyen malversación de recursos, sobornos, nepotismo y la captura del Estado para beneficio de intereses de grupo. El informe consigna que la corrupción ha permitido que organizaciones criminales se infiltren en la política y el gobierno. De nueva cuenta, el año anterior fue pródigo en ilustrar esos hechos: al escándalo de Segalmex hay que agregar la mayor trama de corrupción descubierta hasta ahora en el país y que involucra a altos funcionarios del gobierno —el huachicol fiscal—. A eso habría que sumarle la desaparición del INAI y la reforma al Poder Judicial.
Así, en la batalla por la narrativa, y en una época donde cada quien cree lo que quiere, a pesar de los hechos y las evidencias, la terca realidad se encarga de poner en su lugar al dicho oficialista de que, con los gobiernos de la transformación, la corrupción se terminó.
