Recientemente salió a luz una denuncia en contra de Consuelo Porras, quien es actual fiscal general de Guatemala, por su supuesta participación en la adopción ilegal de al menos 80 niñas y niños indígenas durante la década de los 80, justo bajo el contexto de la guerra civil en el país, un momento muy específico de violencia, despojo y represión hacia comunidades indígenas.
En ese momento, Porras estaba al frente del Hogar Temporal Elisa Martínez, donde presuntamente se realizaban adopciones internacionales, es decir, las infancias eran entregadas a familias extranjeras sin el consentimiento informado de las madres.
Esta denuncia fue presentada por un panel de personas expertas de la ONU y la Oficina para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), dentro del marco de sus facultades que tienen para recibir información sobre violaciones a los derechos humanos. Ahora, llama la atención el tiempo transcurrido desde lo sucedido hasta la denuncia, lo cual demuestra la fragilidad de los sistemas de justicia.
A ciegas
En este caso, además de la gravedad que representa arrebatar a niñas y niños de sus familias y de su comunidad, las madres y padres afectados por la pérdida de sus hijos y posteriormente el silencio y la impunidad, se le suma la imposibilidad de hacer algo al respecto, de recibir justicia y reparación, dejando una huella irreparable en las comunidades: cuando se manda el mensaje de que se protegerá a los perpetradores, la democracia corre peligro y se daña a tal grado que lleva aún más tiempo restablecer la justicia y la paz.
Este tipo de crímenes no sólo dañan la democracia, como se ha mencionado anteriormente, se daña a las comunidades de distintas formas: la desigualdad de género aumenta al poner a las mujeres indígenas como personas sin poder de decisión, que pueden ser coercionadas para entregar a sus hijos a cambio de otras garantías que muchas veces nunca llegaron. Por otro lado, el despojo de niñas y niños provoca una situación de desarraigo donde existe un proceso de pérdida de la lengua, cultura y vínculos familiares que puede llegar a debilitar la cohesión social de las comunidades y la preservación de la cultura.
Actualmente, Consuelo Porras había apostado por ocupar un cargo como magistrada en la máxima institución judicial en Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, quedando fuera por falta de apoyo de los organismos que votan por estos cargos. Este caso resulta interesante, porque vemos cómo un contexto de guerra puede afectar de manera desproporcionada a las mujeres, al mismo tiempo que las mujeres pueden también ejercer violencia de género y perpetuar crímenes que aumentan la desigualdad y la impunidad.
Desafortunadamente, las denuncias que realiza la ONU no son de carácter judicial, lo cual significa que no se juzga directamente a la persona ni se le pueden imponer sanciones penales a las personas que perpetran los crímenes, sin embargo, sí contienen un componente de vigilancia y generan presión internacional para que los Estados actúen de manera adecuada y se hagan acciones en contra de la impunidad. Mientras la ONU ejerce presión internacional, la verdadera deuda sigue siendo verdad y justicia para las mujeres, niñas y niños guatemaltecos.
