Italia aprendió a golpes que al crimen organizado no se le puede desmantelar con simples detenciones ni abatimientos. En los años setenta y, sobre todo, en los ochenta, la mafia dejó de ser un folclor de algunas comunidades para convertirse en un poder armado nacional.
Cobraba impuestos a negocios, controlaba obras públicas, decidía quién podía trabajar y quién podía respirar. Cuando el Estado intentó responder tratando de detener a capos y mafiosos de gran calibre, descubrió algo que hoy suena incómodamente familiar: el crimen organizado no siempre es una pirámide. Puede ser una red capaz de sobrevivir incluso al funeral de su líder.
El cambio italiano empezó cuando el gobierno dejó de perseguir delitos y personajes para comenzar a perseguir organizaciones. En 1982, tras una temporada de asesinatos políticos, se aprobó una figura legal que, en términos simples, permitía castigar la pertenencia a una asociación “de tipo mafioso” y, sobre todo, tocar el nervio: el patrimonio del crimen. La idea era brutalmente práctica: si el negocio vive de intimidar y lavar dinero, no basta con encarcelar personas; hay que arrebatarle la máquina económica.
Luego vino la apuesta que convirtió a la justicia en estrategia de seguridad: el Maxi Proceso en Palermo de 1986 a 1987. Fue un juicio de grandes proporciones diseñado para demostrar ante el país que la mafia existía como institución y podía ser juzgada como tal. No se trataba de atrapar al criminal más buscado, sino de reconstruir el mapa completo: mandos, enlaces, reglas internas, cadenas de violencia. El corazón del caso fueron “los arrepentidos”, mafiosos que decidieron hablar, no por virtud, sino por cálculo, miedo o supervivencia. Esa cooperación, siempre imperfecta y riesgosa, permitió condenas masivas y, por primera vez, una narrativa judicial que competía con la narrativa mafiosa. Casi 500 mafiosos fueron procesados a la vez, incluidos 19 dones, o padrinos.
La respuesta mafiosa fue brutal. En 1992 asesinó con explosivos a dos jueces que habían encabezado esa ofensiva. Italia comprendió entonces algo decisivo: aun encarcelados, muchos jefes seguían mandando desde prisión. Las cárceles eran, en los hechos, oficinas alternas. Por eso endureció el régimen penitenciario para líderes mafiosos con un sistema de aislamiento severo: limitar visitas, comunicaciones, contactos, cualquier posibilidad de enviar órdenes hacia afuera. La lógica era sencilla: impedir que la cárcel se convirtiera en centro de mando.
¿Desapareció la mafia? No. Se transformó. Bajó la violencia visible en muchos lugares, pero aumentó su sofisticación financiera. Menos bombas, más lavado. Menos exhibición, más infiltración. Italia no ganó en términos absolutos, pero sí logró reducir la capacidad de intimidación abierta y fortalecer instituciones que podían perseguir redes completas, no solo nombres propios. El espejo italiano sirve cuando el mundo celebra la caída de un jefe criminal casi sin fotografías, discreto y, sin embargo, capaz de volver a su grupo una marca nacional, una especie de franquicia que combina propaganda, control territorial y ataques selectivos contra el Estado. La eliminación de una figura central puede desarticular temporalmente una organización, pero también puede fragmentarla, radicalizarla o simplemente acelerar su reemplazo. Si la estructura económica, las rutas, los vínculos políticos y la base social permanecen intactos, el sistema aprende a sobrevivir sin su rostro más visible. Italia entendió que el enemigo no era un hombre, sino una arquitectura de poder. Y las arquitecturas no se derrumban con una bala, se desmantelan pieza por pieza, durante años.