El golpe contra el CJNG reactivó una discusión que en México aparece cíclicamente: ¿hasta dónde llega la narcopolítica? Para la oposición y para algunos especialistas (entre ellos Edgardo Buscaglia y Ioan Grillo), el hecho de que Nemesio Oseguera, El Mencho, no haya sido capturado vivo e interrogado después sería indicio de un posible interés: mejor muerto que declarando. Pero la insinuación contradice el hecho de que muchos otros acusados de alto perfil han sido capturados vivos y enviados a Estados Unidos en los últimos años, sin reparar en lo que pudieran declarar.
Durante el gobierno de AMLO se creó la Guardia Nacional, en un contexto en el que el movimiento antimilitarista (en particular el colectivo Seguridad sin Guerra), y la ambigüedad jurídica sobre el uso de las Fuerzas Armadas, mantenían al Estado en una zona gris, si no es que con los brazos atados. Sin un marco legal claro, el despliegue militar era políticamente explosivo y jurídicamente vulnerable. La Guardia Nacional proporcionó un instrumento formal que antes no existía. Mientras se consolidaba, el presidente adujo su tristemente célebre “¡Abrazos, no balazos!”. ¿Hubiera sido mejor romper la regla 1 de Sun Tzu, como hizo Felipe Calderón, y avisarle al crimen organizado que se iniciaría una operación en su contra más tarde?
Un segundo frente fue el judicial. Durante años, el Poder Judicial Federal usó su amplia autonomía para servirse con la cuchara grande y blindar enormes privilegios salariales y administrativos. Mientras ministerios públicos estatales mal remunerados eran acusados de integrar mal las carpetas, jueces federales con sueldos que superaban los 200 mil pesos mensuales anulaban procesos por tecnicismos o estándares probatorios imposibles de cumplir en contextos de violencia estructural. El hipergarantismo selectivo (a veces invocando a Luigi Ferrajoli, sin haberlo leído completo) coexistía con una impunidad sistémica.
La realidad de la 4T
La reforma judicial reciente (con todos sus bemoles, es decir, sus acordeones) buscó cambiar. Y la apuesta por perfiles operativos como Omar García Harfuch apunta a una estrategia gradual: consolidar la Guardia Nacional, fortalecer fiscalías y modificar el ecosistema judicial.
¿Basta con eso? No. La exigencia de investigar acusaciones contra políticos de Morena y otros partidos es indispensable, mientras no caiga en el golpismo oportunista de quienes quieren derribar con Trump lo que no derrotarán en las urnas. También es cierto que México ha seguido parcialmente la senda colombiana, mediante la cooperación y el envío de decenas de reos a Estados Unidos.
Hoy la pregunta no es si existe colusión entre crimen organizado y política (la hay, en distintos niveles y partidos), sino si nuevas herramientas institucionales se usarán para desmontarla, sin favoritismo. Si el proceso avanza, la oposición tendrá que buscarse otra bandera retórica. Si se detiene ante los compañeros de partido, la sospecha de mafiocracia ganará fuerza.
Necesitamos reconstruir la separación de poderes para evitar la pax mafiosa y lograr la depuración. ¿Cómo hacerlo sin regresarle el poder a quienes sólo buscaban asegurarse su buena vida?
