Dicen que el diablo está en los detalles. Y en materia electoral, éstos suelen ser determinantes.
La propuesta de reforma presentada ayer por el Ejecutivo obliga, por ello, a un análisis cuidadoso que vaya más allá del anuncio político. Aunque aún falta conocer el texto de la iniciativa, es posible examinar los ejes expuestos a la luz de lo que debería incluir una reforma a la forma en que se distribuye el poder en México: ¿qué problemas detectados pretende corregir y cómo propone hacerlo? Apunto 3 ejemplos.
La eliminación de las listas cerradas para candidaturas plurinominales se presentó como una respuesta a una preocupación ciudadana, según se nos dijo. La fórmula no es novedosa (salvo por la lista abierta) y ha sido aplicada, con distintos matices, en diversas entidades del país. En principio, ampliar la capacidad de decisión del elector frente a los partidos puede ser positivo.
La realidad de la 4T
Sin embargo, la propuesta deja abiertas al menos dos interrogantes relevantes. La primera es cómo evitar que las dirigencias mantengan, de facto, el monopolio en la conformación inicial de las listas, pues incluso en modelos abiertos el poder de nominación sigue siendo determinante. La segunda tiene que ver con los incentivos estratégicos en campaña: si el electorado puede optar “libremente” por personas específicas dentro de la lista, ¿qué mecanismos impedirán la reproducción de prácticas como los “acordeones”, ahora trasladadas a la competencia legislativa?
Un segundo eje anunciado es el decremento de 25% en el costo del INE y otros órganos. La eficiencia en el gasto público es un objetivo legítimo en cualquier democracia. El punto, sin embargo, es que el diseño constitucional del INE descansa en su autonomía, incluida la facultad de elaborar y aprobar internamente su proyecto de presupuesto para la consideración de la Cámara de Diputados.
Para alcanzar una reducción predeterminada de esa magnitud existen, en términos prácticos, dos caminos: limitar la autonomía presupuestal del órgano electoral o suprimir —vía reforma constitucional o legal— áreas y atribuciones sustantivas que hoy integran su mandato. En el primer supuesto, se alteraría un elemento central de su independencia institucional. En el segundo, sería imposible lograr el ahorro anunciado sin afectar la capacidad y calidad de las atribuciones del INE.
Un tercer componente relevante remite al modelo de comunicación política, construido tras el conflicto poselectoral de 2006. Entonces se adoptó una decisión estructural para atender las quejas sobre el acceso inequitativo a la radio y la televisión. La reforma de 2007 retiró del mercado la propaganda político-electoral y estableció que los concesionarios y permisionarios de radio y televisión debían poner a disposición del sistema electoral 48 minutos durante un proceso electoral.
Sin que medie queja o reclamo de fuerza política ni autoridad alguna, la propuesta reduce en 27% los tiempos destinados al sistema electoral. Se trata de una modificación que no responde a una falla diagnosticada y que beneficiaría únicamente a los medios y/o al Gobierno. La consecuencia práctica sería la pérdida de más de 90,000 spots diarios sin beneficio alguno en términos de equidad, competencia o calidad democrática.
La presentación de ayer no anticipa, al menos en sus ejes anunciados, una reforma orientada a fortalecer las garantías estructurales del sistema electoral. Antes de alterar equilibrios que han contribuido a la estabilidad y a la competencia plural en México, resulta indispensable someter el dictamen a un debate legislativo abierto, técnico e incluyente. Las reglas electorales no son instrumentos coyunturales; son el marco que permite que la disputa por el poder ocurra dentro de cauces institucionales. México no puede darse el lujo de debilitar los avances que han costado décadas de construcción institucional.
