El pasado informe de la cuenta pública 2024 sirvió para ganar titulares y sorprender incautos: de los más de 65 mil millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró con “irregularidades” en el último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo más probable es que, dada la trayectoria del jefe auditor, David Colmenares Páramo, muy pocos de tales señalamientos deriven en sanciones administrativas, restitución del daño y menos en acusaciones penales.
El lema de Colmenares —que busca la reelección en el cargo por otros ocho años— bien podría ser “abrazos, no balazos” para los actos de corrupción, como lo demuestran los datos.
La revisión puntual estadística del desempeño es que la ASF realizó en los últimos ocho años montones de auditorías (4,315) pero un reducido número de denuncias (108) de carácter penal. Para el equipo de Colmenares, el Gobierno federal del sexenio pasado estuvo compuesto básicamente por santos si no es que por ángeles.
Monreal ya no quiere líos
Para encontrar tanta bondad en el ejercicio del presupuesto público, la técnica de Colmenares y su equipo se puede resumir así: lanzar parvadas de auditorías (14,343 en sus ocho años como titular de la ASF) para aparentar la realización de un trabajo extenuante…, pero sobre montos cada vez pequeños de auditoría.
Un acucioso análisis realizado por un experto como Gerardo Lozano Dubernard, desde el Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción (exauditor especial de cumplimiento financiero de la ASF), expone que un año previo al arribo de Colmenares, en 2016, el monto que habría sido irregular se cuantificó en 134,547 millones de pesos en cumplimiento financiero y gasto federalizado, generando con solicitudes de aclaración por 36,667 millones de pesos —las cuales deben ser acatadas en plazo de 30 días— y Pliegos de Observación (lo que señalas montos específicos, incluyendo rendimientos financieros, derivados de y otorgando plazos para solventarlos o presentar pruebas) por 97,880 millones de pesos, todo soportado con 1,673 auditorías. Fue el último año de la gestión de Juan Manuel Portal Martínez.
De 2017 a 2024, en la gestión de Colmenares, el universo con irregularidades se achicó constantemente hasta llegar a 65,169 millones de pesos en el último año de López Obrador, o sea, una reducción de 51% respecto a 2016. Eso sí, hartas auditorías, 2,131, pero enfocadas al 90% sobre gasto federalizado con solicitudes de aclaración y pliegos de observación de 59,363 millones de pesos… y dejando con pureza celestial al gobierno central al que sólo se le cuestionó 5,805.40 millones de pesos, cantidad que sólo representa una décima parte de las irregularidades señaladas a la mitad del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Bueno, para documentar el optimismo sobre la posibilidad de que Colmenares Páramo sea reelecto otros ocho años, en la revisión de la Cuenta Pública 2024 no hizo una sola solicitud de aclaraciones y sólo 285 pliegos de observación, el menor número de la última década. Igual y por ello le dan oportunidad de nuevo… o dejar a su allegada Ivonne Enestrosa.
Azteca, reorganización responsable y transparente. El principio básico del concurso mercantil voluntario es mantener en operación a las empresas, conservando los empleos y generando flujos de efectivo conforme lo dispone una herramienta legal para la reorganización de pasivos. La decisión tomada por el consejo de administración de Televisión Azteca —que encabeza Ricardo Salinas Pliego— para solicitar un concurso mercantil voluntario no tiene nada que ver con una quiebra o banca rota o un proceso de recorte de personal, ya que esa herramienta prima la protección de la fuente de trabajo.
Con la intervención de un juez de lo concursal se permite con transparencia generar una conversación organizada con los acreedores de Azteca para llegar a acuerdo de montos y plazos de pago, balanceando los activos y pasivos. Todo ello, para el cumplimiento ordenado de los compromisos mientras se mantiene en marcha la televisora que dirige Rafael Rodríguez Sánchez.
Empresas como Aeroméxico, ICA, Comercial Mexicana o Vitro, han recurrido a esta herramienta para salir adelante… como lo hace ahora la Televisora del Ajusco ante retos como los cambios en el mercado de publicidad, pagos de licencias por 3,800 millones de pesos, así como el pago total de los impuestos reclamados por el SAT.
Querétaro: mantener un modelo exitoso. Mientras el país promedió siete años con un crecimiento cercano a cero, Querétaro mantuvo una expansión anual de 1.7% impulsada por un entorno que favorece la llegada de inversión extranjera: por ello es el destino preferido para centros de datos y en un polo de industrias automotriz y aeroespacial de alcance global.
Ello se refleja en que el PIB per cápita de la entidad figura entre los más altos del país, reflejo de productividad y un mercado laboral sólido y formalizado. No es producto del azar, sino de un ecosistema que combinó estabilidad regulatoria, disciplina financiera estatal y una coordinación público-privada que ha dado certidumbre al capital.
Por ello, la conversación política rumbo a 2027 apunta inevitablemente a perfiles capaces de mantener esas condiciones, destacando ahí la figura de Agustín Dorantes cuya trayectoria orgánica dentro del PAN, su paso por la administración estatal y, especialmente, su triunfo en 2024 ante Santiago Nieto —el cuadro fuerte del oficialismo— lo colocan con una competitividad real. No sólo por el resultado electoral, sino por su estructura territorial y su lectura del entorno nacional.
Así, el debate en Querétaro no gira únicamente alrededor de nombres, sino de la continuidad de un modelo económico que ha funcionado en un escenario donde los estados compiten por atraer inversión y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Y, de cara a la próxima renegociación del T-MEC, la estabilidad y gobernabilidad son los factores que más valorarán socios y directivos de todo tipo de empresas.
