Hace un lustro AMLO acuñó el Plan A para una gran reforma política. Fiel a su narrativa de austeridad, iba por todas. Diputados de 500 a 300, rebajar el Instituto Nacional Electoral (INE) a su mínima expresión y regresarlo al redil de la Secretaría de Gobernación.
Fiel a toda su narrativa, AMLO aseguraba que, por su superioridad moral, la 4T con el INE adscrito a Gobernación no haría fraude. A los consejeros del INE los elegiría el pueblo, el bueno, el regular y hasta el malo. A los partidos políticos se les acabaría el financiamiento público, excepto en año electoral.
La fiscalización del financiamiento para evitar lo que sucede hoy, rebase de topes de gasto, dinero por debajo del agua, triquiñuelas para hacer campaña a cargo de publicaciones fachada, donaciones y sospechas judicializadas a diestra y siniestra sobre si una entrevista, comentario o nota sobre tal o cual candidatura en medios, está pagada.
Monreal ya no quiere líos
Bueno, aquel plan A no transitó, luego fuimos al Plan B y después, tras arrasar en las elecciones del 2024, Morena y aliados en el Congreso le regalaron, como bono de marcha a su líder, un amasijo de reformas que más tarde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó por su desaseo procesal.
Ahora el segundo piso del proyecto transformador va por el Plan D. Hace dos días la Presidenta Claudia Sheinbaum socializó en la conferencia mañanera, a la espera de enviar la iniciativa de marras el próximo lunes a alguna de las cámaras, su intención reformista, fruto de los trabajos y ¿amplias consultas? que su encargado, Pablo Gómez, hizo. Una muy distinta a lo que en 2022 dibujó en el imaginario colectivo su antecesor en Palacio.
La batalla de la Presidenta en contra de sus aliados en el Congreso para aprobar algunas mejoras al marco jurídico de nuestra democracia, no avanzó en la cocina de Gobernación ni en las coordinaciones parlamentarias. Ni en reuniones en el despacho de CSP.
Así que la iniciativa irá como se dio a conocer y si aliados u opositores votan en contra de cambiar la composición del Senado, rasurando escaños de 128 a 96, si no aceptan que los 200 plurinominales en San Lázaro ya no provengan de listas VIP de los partidos, sino que deberán hacer campaña, si rechazan que el 25 por ciento de gastos y costos electorales se eliminen, que existan mejores mecanismos de fiscalización financiera y que saturen menos radios y pantallas de televisión vía tiempos oficiales, y que les prohíban campañas digitales con granjas robóticas o sancionen noticias falsas y guerras de lodo apoyadas por Inteligencia Artificial, pues que el pueblo lo sepa. Y que los castigue.
Tanto ir y venir con mayoría calificada en el Congreso y la Presidencia más votada y legítima, debe jugar su última carta. Intentar exponer —si es que eso los espanta— a quienes, compañeros y aliados, prefieran salvaguardar sus canicas, prebendas y cotos de poder, faltando así a la promesa popular de la 4T. Veremos.
