El 3 de febrero, un tribunal de Nueva York dictó una sentencia que puede marcar un punto de inflexión en la responsabilidad médica derivada de intervenciones de transición de género. Fox Varian, hoy de 22 años, obtuvo una indemnización de dos millones de dólares tras demandar a su terapeuta y al cirujano que le practicó una doble mastectomía cuando tenía 16 años. La demanda se basó en la negligencia médica y la ausencia de consentimiento informado conforme al estándar exigible.
Es el primer caso exitoso de este tipo en Estados Unidos y ha sido interpretado como un precedente para litigios similares. Su alcance legal, sin embargo, es incierto pues el expediente judicial fue reservado para proteger la privacidad de las partes, particularmente por tratarse de hechos ocurridos cuando la demandante era menor de edad. Esta reserva limita la comprensión de los hechos y criterios que llevaron al tribunal a concluir la existencia de negligencia profesional. Sin esos elementos es arriesgado extraer conclusiones categóricas. Lo que sí destaca es el consentimiento informado. La atención médica relacionada con identidad de género puede incluir intervenciones quirúrgicas en menores cuando éstos son considerados “menores maduros”, figura legal que reconoce cierta autonomía decisional en adolescentes. No obstante, la validez del consentimiento depende de que el paciente y sus tutores reciban información completa, precisa y comprensible sobre riesgos, beneficios y alternativas. En contextos complejos, la información proporcionada puede resultar incompleta o inexacta, comprometiendo la calidad del consentimiento otorgado.
El debate no es exclusivo de Estados Unidos. En Reino Unido, el caso Tavistock, iniciado por Keira Bell (comentado en este espacio hace cinco años), llevó a un tribunal a concluir que menores de 16 años carecen de capacidad legal para consentir intervenciones médicas y que adolescentes de 16 y 17 años requerirían autorización judicial. Ese litigio fue el primero en evidenciar la dificultad de establecer criterios uniformes sobre la capacidad de los menores en este tipo de tratamientos.
Otro elemento en el caso Fox Varian fue el temor de la madre de la demandante a que su hija se suicidara si no se realizaba la cirugía, lo que habría influido en su consentimiento. Esto remite a una discusión sobre la evaluación del riesgo suicida en adolescentes. La investigación reciente no respalda, de manera concluyente, la afirmación de que la transición médica reduzca el riesgo de suicidio, y los especialistas distinguen entre ideación suicida, amenazas y conductas autolesivas, fenómenos relativamente frecuentes en la adolescencia, y el suicidio consumado, cuya incidencia es considerablemente menor. De ahí que la obligación profesional no deba limitarse a validar las solicitudes del menor, sino a explorar cuidadosamente los factores que influyen en ellas. El caso plantea también interrogantes sobre la presión que enfrentan los padres al otorgar consentimiento, especialmente si reciben información incompleta respecto de los riesgos de negar intervenciones médicas. Habrá que seguir atentamente los casos de quienes buscan revertir los procesos de transición de género realizados cuando eran menores de edad.
