El Departamento de Justicia de Estados Unidos, respaldado por fiscales de 40 estados, llevó a juicio a Live Nation Entertainment y Ticketmaster bajo acusaciones de operar un monopolio ilegal en la industria del entretenimiento en vivo, en un proceso que podría derivar incluso en la ruptura de la compañía. La demanda, presentada en 2024, sostiene que tras su fusión en 2010 ambas empresas consolidaron un dominio indebido en la promoción de conciertos, la operación de recintos y la venta de boletos, violando la Ley Sherman.
Según las autoridades, la integración vertical del grupo le ha permitido adquirir competidores, presionar a rivales y condicionar a recintos y artistas, limitando el acceso a servicios alternativos de ticketing y restringiendo la competencia efectiva en el mercado. El abogado del Departamento de Justicia, David Dahlquist, afirmó que la industria de los conciertos está “en quiebra” porque está “controlada por Live Nation”, a la que calificó de “monopolista”.
Durante los alegatos de apertura, el gobierno expuso cifras que buscan demostrar el impacto económico de esa presunta concentración: Live Nation y Ticketmaster obtendrían en promedio 7.58 dólares por cada boleto vendido en los principales recintos, superando a competidores, mientras que se estima que los aficionados habrían pagado entre 1.56 y 1.72 dólares adicionales por entrada debido a un entorno con menor presión competitiva. El juez Arun Subramanian rechazó previamente una solicitud de desestimación presentada por la empresa, aunque acotó el alcance de algunas alegaciones, permitiendo que el núcleo del caso avance hacia una fase decisiva que podría redefinir el equilibrio del mercado de conciertos en Estados Unidos.
Excolaborador de Corral y “narconóminas”
El proceso también enfrenta un momento de incertidumbre tras la renuncia de la jefa de la división antimonopolio del Departamento de Justicia, ocurrida en una etapa clave del litigio y a las puertas del juicio previsto para marzo. Si bien la estructura institucional garantiza la continuidad del caso, los cambios en el liderazgo pueden influir en la estrategia, el enfoque jurídico y el tono de negociación frente a una de las corporaciones más poderosas del sector cultural. Se trata de uno de los litigios antimonopolio más ambiciosos en décadas dentro de la industria del entretenimiento, con implicaciones que van más allá de una disputa comercial y que tocan el modelo mismo de integración vertical que ha caracterizado a la compañía.
El escrutinio no es menor. Ticketmaster ha estado en el centro de controversias por fallas en ventas de alta demanda, cargos por servicio considerados excesivos y cuestionamientos sobre la transparencia en la asignación de boletos. A ello se suman sospechas recurrentes de posibles vínculos de ejecutivos con esquemas de reventa y prácticas que habrían favorecido la especulación en detrimento del consumidor final. Este juicio podría convertirse en un parteaguas que obligue a revisar a fondo la estructura y operación del gigante del ticketing, no sólo en Estados Unidos sino en los múltiples países donde tiene presencia. Si la ofensiva prospera, enviará un mensaje contundente para que en otros mercados se ponga orden ante prácticas que han generado molestia constante entre usuarios y artistas, y que exigen mayor supervisión, competencia real y tarifas transparentes en una industria que durante años ha operado bajo fuertes cuestionamientos.
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