Todo parece indicar que el día de hoy, en la Cámara de Diputados, se dará sepultura a la tan anunciada iniciativa de reforma constitucional, en materia electoral.
Meses de trabajo de una comisión de funcionarios del gobierno creada ad hoc para elaborar una propuesta que nació muerta. Y es que, más allá de los contenidos —ahora volvemos a ellos— el pecado original de la iniciativa presentada fue la soberbia.
Morena dio por descontado que contaría con el apoyo de los otros dos partidos que formaron la coalición electoral, que llevó al poder a los últimos dos presidentes y con los que, hasta ahora, había mantenido una férrea alianza legislativa, especialmente en la aprobación de reformas constitucionales que han ido destruyendo aquella institucionalidad democrática que les permitió llegar al poder, entre las que destacan la desaparición de órganos constitucionales autónomos y la anulación de la independencia del Poder Judicial.
La certeza de la ignorancia
Sin embargo, conforme se fueron sucediendo las declaraciones de los líderes del PT y del Partido Verde, quedó claro que la iniciativa no contaba con su aprobación en temas nodales: la reducción del financiamiento público, el cambio en la manera de elegir a los diputados de representación proporcional y la desaparición de los senadores electos por ese principio; propuestas que, claramente, van en contra de sus más elementales y lógicos intereses políticos. Diría la fábula “que no hay cucaracha que vote por el insecticida”.
Obviamente, tampoco se tomaron en cuenta las opiniones de los partidos de oposición. Como ha sido la constante desde 2018, no se consideró en absoluto la opción de negociar y, eventualmente, aprobar la reforma con los votos de al menos una fuerza opositora, aunque ello pudiera haberle dado legitimidad política a la iniciativa. Se ignoró de nuevo por completo a la oposición, dando por sentado el apoyo de los dos partidos satélite del régimen.
Tomando en cuenta los denominados plan A y plan C presentados en su momento por el presidente anterior, la iniciativa finalmente enviada al Congreso fue un poco menos fatalista de lo que se esperaba. En este contexto de demolición institucional, acumulación de poder y establecimiento de un andamiaje que dificulte en grado superlativo la alternancia, cualquier contención a la acumulación autoritaria de poder es un respiro. En el caso, resultó positivo el que se planteara mantener los 200 escaños de representación proporcional en la Cámara de Diputados, aun con el confuso esquema de reparto de “mejores perdedores”, con el que, se dice, podría incentivarse mayor competencia en las campañas.
Aun así, la propuesta presentada, aunque descafeinada, debe ser analizada a conciencia, tanto en lo que propone como en lo que omite. No se esperaba otra cosa, pero resulta grave que no consideraran cambios para evitar que se repita la sobrerrepresentación legislativa que se otorgó en 2024 a la coalición ganadora de la elección. Gravísima, también, la eliminación de las senadurías de representación proporcional y un recorte arbitrario, sin diagnóstico, al financiamiento público de los partidos.
El problema no termina con el desechamiento de la iniciativa de reforma constitucional. Como ya se ha anunciado, vendrá de todos modos una iniciativa de reforma a la legislación secundaria, que puede aprobar Morena sin el consenso de nadie más y sin que exista una Suprema Corte como la que, en su momento, frenó el plan B del expresidente. Así que quedamos en espera de la iniciativa, con un escenario previsiblemente muy adverso para el Instituto Nacional Electoral.
