Al final Morena se quedó solo. La iniciativa de reforma constitucional en materia electoral fue concebida y presentada sin acuerdos previos con otras fuerzas políticas, y corrió la misma suerte de las presentadas en el sexenio pasado.
Afortunadamente, se impuso —en forma negativa— un principio básico de la tradición electoral mexicana: la generación de consensos como el único método efectivo para aprobar las normas electorales. Pero el episodio no significa que el debate haya concluido. El Gobierno ha sugerido que podría presentar una iniciativa de reforma legal cuyos efectos, aunque no estructurales, podrían resultar preocupantes para el funcionamiento del sistema electoral. De ahí que convenga analizar algunos de los temas incluidos en la iniciativa derrotada y que eventualmente podrían presentarse como reforma legal.
Uno de los temas que pasó casi desapercibido fue la supresión de un inciso dentro del artículo 41 constitucional. La reforma de 2014 reconfiguró la atribución de la educación cívica desde el Instituto Federal Electoral hacia los órganos electorales locales. La ley general establece como fines del instituto “coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática”. Si eso se eliminara de la ley general, el INE perdería su papel de coadyuvante y, en consecuencia, se esfumaría esta tarea fundamental para la formación de la ciudadanía y de las próximas generaciones de votantes. En ese caso, esa tarea de Estado podría trasladarse a una dependencia del Ejecutivo federal, lo que resulta preocupante, dada la ideologización de los contenidos educativos recientemente evidenciada por el escándalo del responsable de los libros de texto gratuitos.
A pesar de que la iniciativa señala la austeridad como uno de sus fines últimos, con la fórmula propuesta para el financiamiento de los partidos a nivel nacional podría, incluso, incrementarse el monto actual si se considera todo el financiamiento público. La reforma establece como obligación para los estados aplicar la nueva fórmula nacional para determinar su financiamiento. Hasta ahora, las entidades tienen libertad para determinar los montos de financiamiento a los partidos a nivel local. Como es previsible, existe una enorme diversidad entre los montos de financiamiento dependiendo, entre otros factores, del tamaño de las finanzas públicas de cada entidad. En la propuesta de reforma se reducía 25 por ciento la base del financiamiento; pero también se obligaba a los estados a adoptar la fórmula federal, lo que incrementaría, de facto, el financiamiento local de acuerdo con estudios preliminares, como sucedería, por ejemplo, en los casos de Guanajuato o Chiapas, donde el financiamiento actual es cercano a una quinta parte o la mitad del monto que resultaría de aplicar la fórmula federal. Si se quisiera aplicar la fórmula de la iniciativa, por tanto, la austeridad perdería.
Por último, en materia de inteligencia artificial la iniciativa señala que los concesionarios serán responsables de identificar, evitar la difusión y advertir sobre contenido no etiquetado. Independientemente de su pertinencia, las consecuencias para el modelo de comunicación política son preocupantes. Actualmente, los concesionarios no pueden censurar por ningún motivo los materiales que les entrega el INE para su difusión. Sólo la autoridad electoral puede instruir el retiro de cierto material del aire. Dar la posibilidad a los medios de determinar, previamente, que sí transmiten y qué no, sólo puede traer problemas.
En materia electoral, los detalles nunca son menores. Habrá que estar atentos.