El más reciente dato de inflación en México confirma un escenario de presiones persistentes sobre los precios y complica el margen de acción de la política monetaria del Banco de México.
La inflación general anual alcanzó en febrero una tasa de 4.02%, superando 3.79% registrado en enero y ubicándose en su nivel más alto de los últimos ocho meses. Con este resultado, el indicador alcanza nuevamente al límite superior del rango objetivo del banco central, fijado en 3% +/- 1 punto porcentual.
El dato resultó ligeramente superior a lo anticipado por el mercado. Las estimaciones del consenso de analistas encuestados por Citigroup preveían un nivel de 3.95%. La sorpresa inflacionaria provino principalmente del componente agropecuario, que registró incrementos significativos durante el mes y explicó cerca de dos quintas partes del aumento mensual del índice general. Dentro de este rubro destacaron alzas de dos dígitos en varios productos básicos de la canasta alimentaria. El precio del limón registró un incremento mensual de 26%, seguido por el jitomate con 23% y la papa con 21%.
No obstante, más allá de los choques en alimentos, la principal preocupación para la autoridad monetaria continúa siendo la persistencia de la inflación subyacente, el indicador que captura la tendencia de mediano plazo de los precios al excluir componentes volátiles como energéticos y agropecuarios. En febrero, la inflación subyacente se ubicó en 4.50% anual, apenas por debajo del 4.52% registrado en enero, su nivel sigue siendo elevado y sugiere presiones estructurales en los precios de mercancías y, principalmente, de servicios.
El resultado de febrero confirma que la contención inflacionaria observada previamente en el componente no subyacente —particularmente en energéticos y agrícolas— comienza a disiparse. En consecuencia, no deben descartarse episodios adicionales de repuntes inflacionarios a lo largo del 2026.
A este panorama se suman factores macroeconómicos que podrían reforzar las presiones inflacionarias. En primer lugar, el consumo interno ha mostrado señales de recuperación desde finales del año pasado, lo que podría fortalecer la demanda agregada y ejercer presión sobre los precios. En segundo término, los costos laborales presionan ya a un segmento importante de empresas, particularmente las micro y pequeñas. Finalmente, el tipo de cambio enfrenta episodios de volatilidad asociados a la creciente incertidumbre geopolítica internacional.
Adicionalmente, el mercado energético introduce un nuevo foco de riesgo. La guerra en Medio Oriente ha deteriorado las perspectivas de los precios de los hidrocarburos, lo que podría trasladarse gradualmente a los costos de producción. Aunque el Gobierno federal probablemente intentará contener el precio de las gasolinas mediante estímulos fiscales al IEPS, esta estrategia implica un costo fiscal relevante al reducir la recaudación.
También es importante el caso del gas natural, cuya cotización internacional podría aumentar en un contexto de tensiones geopolíticas prolongadas. Dado que México depende en gran medida de la importación de este energético para la generación eléctrica y para diversos procesos industriales, un incremento sostenido podría también elevar los costos de las empresas.
En este contexto, los pronósticos de inflación de los analistas y del Banxico siguen siendo diferentes (4.0% versus 3.5% al final del año), a la vez que el balance de riesgos se ha desplazado claramente al alza. Este escenario limita el espacio del banco central para continuar relajando su postura monetaria. Bajo estas condiciones, es improbable que el Banco de México reduzca la tasa de interés este mes, aunque posteriormente con la normalización del contexto global, realice dos recortes adicionales a la tasa de referencia durante el año —ambos de 25 puntos base— lo que llevaría a la tasa de fondeo al final del año a 6.50%.