› Abuso de Cometra en el Metro
Lamentable y hasta ahora impune, nos comentan, el caso de una joven que fue acosada por elementos de la empresa de seguridad Cometra en instalaciones del Metro. Resulta que a Noemí, quien ayer hizo pública su denuncia en redes sociales —y pidió apoyo al titular del SCT, Adrián Rubalcava— un custodio de esa empresa le tomó fotografías de varias partes de su cuerpo. La joven entonces acudió con un policía de la estación, pero éste sólo le pidió al acosador que borrara las fotos de su celular y que se fuera, al igual que a otro custodio que se carcajeaba ante la víctima. El pretexto que dio el uniformado para no actuar fue que los elementos de Cometra, quienes por cierto iban armados, estaban en un servicio de traslado de valores. Habrá que ver si en el Metro se aplican para que los responsables sean sancionados, aunque se sabe que a Cometra la habrían contratado en la Secretaría de Movilidad, a cargo de Héctor Ulises García. Este último, por cierto, nada ha dicho del caso.
Va porque va
“Malnacido”. Con esa palabra fue como un vecino increpó al diputado con licencia Sergio Mayer, quien ahora que dejó La casa de los famosos —porque lo expulsaron—. Circula un video en el que se ve al también actor responder: “malnacida tu mad.”… El caso es que la difusión de la imagen coincide con la reaparición pública del exgaribaldi para tratar de reivindicarse tras botar su curul para irse al reality show. “Me metí de diputado, como todos los diputados, por tener una representación, por hacer algo por nuestro país”, dijo, antes de reprochar que a él sí le digan de todo y a otros legisladores que “tienen otra vida”, no. “Son abogados, son licenciados, doctores, tienen negocios, tienen sus despachos y los siguen atendiendo”, reclamó. Mayer consideró que es discriminatorio que se le juzgue por ser del medio artístico y adelantó que el próximo lunes ya lo veremos en San Lázaro porque, dijo, es cuestión nada más de “meter una carta”. Señaló, por cierto, que si los de Morena “consideran que mi trabajo y mi presencia dañan la imagen” del partido, él simplemente no dará batalla. Pendientes.
El que, comentan, ya se consolidó como la figura política que menos pelos tiene en la lengua es el líder de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, pues, nos recuerdan, él fue una de las voces más claramente contrarias a la iniciativa de reforma electoral que se impulsó desde el Gobierno. Ahora, cuando muchos andan contando los platos rotos después de que el proyecto fuera desechado gracias a verdes y petistas, el legislador le echó en cara a algunos de Morena —que lo malmiran por votar como lo hizo— que sin su partido el líder moral y fundador del movimiento guinda, Andrés Manuel López Obrador, no se habría convertido en jefe de Gobierno de la Ciudad de México, allá por los años 2000 y tampoco presidente en 2018. “Nosotros fuimos con Andrés; sin el PT, sin los votos del PT, Andrés no hubiera sido jefe de Gobierno”. Precisamente por eso reclamó que en la alianza de la 4T se les critique y se les llame traidores. “Nosotros ayudamos a fundar y a formar Morena y ahora se nos trata como si fuéramos extraños, como si no aportáramos nada”. Qué tal.
En total silencio, nos dicen, andan las tres diputadas de Morena que, advierten algunos, ahora son mucho más conocidas nada más por votar en contra de la reforma electoral. Se trata de Alejandra Chedraui, Santy Montemayor y Giselle Arellano. Ayer todo el mundo preguntaba si alguna consecuencia tendría su proceder, porque, aun cuando estaban en su derecho legítimo de decir no a la iniciativa, sí dejaron en mal el compromiso de que todas y todos los legisladores del guinda votarían a favor del dictamen. Por lo pronto, Ricardo Monreal, quien lamentó mucho el desprendimiento de sus compañeras, dijo que él no sería tribunal, pero que dejaba al partido y a sus mecanismos determinar lo que consideren. Por cierto, nos cuentan que, aunque intentó ausentarse, tampoco pasó desapercibida la falta de apoyo a la iniciativa presidencial de la exsecretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien, nos aseguran, sí andaba en San Lázaro, pero no se quiso sentar en su curul cuando tenía que votar. ¿Será?
Mucha indignación ha desatado —una vez más— la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien ahora salió con que dos de las mujeres que participaron en las movilizaciones del pasado 8 de marzo podrían enfrentar penas de hasta 37 años de prisión, ya que, dijo la mandataria estatal, fueron acusadas de homicidio calificado en grado de tentativa. Pero todo se pone más feo: la gobernadora externó su sorpresa porque estas mujeres que —no sobra aclarar— fueron detenidas bajo criterios arbitrarios por parte de la Policía de Campeche, según denunciaron activistas, cometieron agresiones “de carácter criminal”. Entonces, expresó Sansores: “¿Qué vivirán para que tengan ese dolor, esa rabia contra el mundo?”, una pregunta que, reprocharon varias colectivas defensoras de mujeres, resonó todavía con más violencia de la que ella denuncia. Nos dicen, además, que este anuncio lo hizo en un espacio televisivo —su aclamado Martes del jaguar—, donde difundió las detenciones como si hubiera sido la captura de alguno de los capos más buscados. Caray.
Dicen que justo cuando el horno no está para bollos —cuando ya hemos cachado a varios candidatos, alcaldes u otro tipo de funcionarios metidos en malas mañas— a los legisladores locales de Michoacán les pareció oportuno eliminar la famosa carta de antecedentes penales de los requisitos legales para buscar la candidatura a algún cargo de elección popular en esa entidad. Pues bien, por estos días, el Congreso estatal aprobó —y por amplia mayoría— reformar el Código Electoral michoacano para dejar fuera este documento, al argumentar que con esta medida se elimina “una simulación normativa”. En este apartado destacaron las justificaciones de la diputada Diana Espinoza Mercado, presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales, quien subrayó que “derogar la carta de antecedentes penales no abre la puerta a la delincuencia” pues, según ella, lo que hace más bien “es eliminar un requisito que los máximos tribunales del país ya consideraron inconstitucional y, además, ineficaz para acreditar la elegibilidad”. Uf.
