Hasta hace menos de una década, Chiapas era un estado que, si bien tenía algunos problemas de seguridad, como los tienen todos los estados fronterizos, no estaba controlado por los cárteles de la droga. Hoy, sí lo está.
Llegó 2018 con Rutilio Escandón como gobernador de Chiapas, cuñado de Adán Augusto López. Recordemos que Adán era hermano de la fallecida esposa de Rutilio, y todo cambió en el sureste mexicano.
A Tabasco entró, con el entonces secretario de Seguridad Pública de Adán, el grupo conocido como La Barredora, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y comenzaron a apoderarse del territorio. Lo mismo ocurrió en Chiapas, donde el mismo CJNG se fortaleció de manera significativa.
Esta organización criminal creció al amparo del poder estatal de aquellos años y está más fuerte que nunca. Si bien ahora los gobiernos estatal y el federal han puesto especial atención en la seguridad de la zona, fueron demasiados años en los que se les permitió operar con total impunidad y, en muchos casos, con protección. Cuando se deja crecer tanto a una organización criminal, ésta se fortalece y resulta mucho más difícil desarticularla.
Desde 2020, Chiapas se encuentra en una espiral de violencia que parece no tener fin. Esto se debe, en gran medida, a la presencia del CJNG, que poco a poco ha ido desplazando a otros grupos criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo, con el objetivo de obtener el control total del estado.
INSEGURIDAD AL ALZA
Esta organización criminal controla zonas como Frontera Comalapa. También tiene presencia en municipios como Acapetahua, Acacoyagua, Mapastepec, Escuintla y Tapachula. Toda esta zona fronteriza es utilizada para el tráfico de drogas, armas, migrantes y para la trata de personas.
De acuerdo con reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional, que está combatiendo a estos grupos criminales, en la entidad existen al menos seis rutas de trasiego de droga por vía marítima mediante lanchas o semisumergibles que llegan a las costas chiapanecas. Por vía aérea, la droga entra en avionetas que aterrizan en pistas clandestinas, incluso en territorio guatemalteco, para después ser trasladada por tierra hacia México.
Y las mismas fuerzas especiales de seguridad en Chiapas, que deberían combatir a los criminales, trabajan para ellos. Así lo evidenció una investigación del diario El Universal, que reveló que en la nómina del Cártel Jalisco Nueva Generación figuraban elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, una corporación de élite creada en 2024.
La Fuerza Pakal tenía como objetivo combatir la creciente violencia y las estructuras criminales en la entidad, particularmente en las zonas fronterizas. Sin embargo, diversos reportes indican que operaban al servicio del crimen organizado, con pagos que iban de los 50 mil a los 100 mil pesos mensuales, combatiendo a otros grupos criminales, pero no al CJNG.
Además, esta organización ha utilizado a otros grupos criminales para operar en Chiapas, como el Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), conocido por su extrema violencia, dedicado a la extorsión de comerciantes y transportistas, así como a la ejecución de integrantes de grupos rivales.
Los habitantes de Chiapas están sufriendo esta violencia. Muchos han tenido que abandonar sus tierras, como sucedió en Frontera Comalapa, donde cientos de indígenas tzotziles han sido desplazados de sus hogares con tal de salvar su vida.
Cientos de familias han sido desplazadas de sus comunidades. Muchas madres viven con el temor de que sus hijos sean reclutados por el crimen organizado. Los grupos criminales llegan por los jóvenes; quienes no se integran de manera voluntaria son asesinados.
Entre 2018 y 2019, con el equipo de Todo Personal, recorrí esa frontera con Guatemala, en el municipio de Hidalgo, donde llegó la primera gran caravana de migrantes provenientes de Nicaragua, El Salvador y Honduras. Ahí vimos cómo es el propio crimen organizado el que utiliza a los migrantes y los extorsiona.
Fue también la época en la que estos grupos criminales comenzaron a consolidarse. Las extorsiones a los pobladores se han vuelto una práctica cotidiana. Hoy se cobra derecho de piso a dueños de pequeñas tiendas, panaderías y negocios familiares.
Es una tragedia la forma en que vive la población, que debería tener garantizada su seguridad. Pensar que estos grupos criminales están lejos de nosotros es un error: son los mismos que extorsionan, amenazan y roban a ciudadanos en distintas regiones del país.
Los comerciantes están obligados a pagar cuotas que van de los cinco mil a los 20 mil pesos, lo que ha provocado que muchos negocios cierren, al volverse insostenible operar bajo un doble esquema de cobro: el de las autoridades y el del crimen organizado. En el caso de los transportistas, las cuotas pueden alcanzar hasta los 20 mil pesos mensuales para permitir el tránsito de mercancías.
Entre 2020 y los primeros meses de 2026, Chiapas ha sufrido un deterioro significativo en materia de seguridad. En ese periodo, más de tres mil 200 personas han perdido la vida a causa de homicidios dolosos, una cifra que refleja la gravedad de la situación.
Es momento de recuperar un estado tan hermoso como Chiapas. Su gente merece vivir en paz, sin ser extorsionada y sin que la ley la impongan los grupos criminales.