Esta semana trascendió información sobre la presunta desaparición de 20 mujeres adolescentes en Cancún, que tuvo el final que siempre quisiéramos poder contar: fueron localizadas. La Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana de Benito Juárez reconoció 16 reportes de adolescentes no localizadas entre el 7 y el 14 de marzo, mientras colectivos reportaban hasta 20 casos.
Aunque la diferencia en la cifra no borra la alerta que se mantiene encendida en la entidad que cerró 2025 en primer lugar nacional en carpetas abiertas por trata de personas. Alrededor de 200 investigaciones (26% del total nacional).
2026 arrancó también en primer lugar, con 35 casos sólo en enero, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Aviso de lo que viene
La Fiscalía de Quintana Roo informó que durante 2025 inició 165 carpetas de investigación por trata, detuvo a 43 presuntos tratantes y ubicó a 488 víctimas; 396 eran mexicanas y 92 extranjeras, y del total 46 eran menores de edad.
Éste no es un problema marginal ni nuevo, se trata de una estructura criminal que opera con amplitud suficiente como para generar un número de víctimas que se cuenta por cientos.
Y no se trata sólo de las zonas hoteleras sobre las que comúnmente se centra la narrativa pública cuando se trata de Quintana Roo.
Investigaciones de las autoridades locales coinciden en que muchas de las víctimas son captadas principalmente en zonas con altos índices de marginación.
Aunque Quintana Roo no es el estado con mayor rezago laboral del país, sí presenta presiones económicas relevantes, donde el delito de la trata encuentra presas fáciles.
Al cierre de 2025, el Inegi reportó que el 18.9% de la población tenía ingreso laboral por debajo o apenas suficiente para comprar la canasta alimentaria.
El ingreso laboral per cápita en Quintana Roo fue de 4 mil 329 pesos mensuales en el cuarto trimestre del año pasado, mientras la canasta básica en esa entidad es de 2 mil 32 pesos.
Un análisis de la Comisión Nacional de Vivienda con datos de la ENIGH 2024, colocó a Quintana Roo entre las entidades con mayor carga de gasto habitacional.
5.3% de los hogares destinan más de 30% de sus ingresos a vivienda, que es una de las proporciones más altas del país.
Lo anterior confirma un entorno donde la precariedad, los gastos elevados y la vulnerabilidad social conviven con mercados ilícitos que saben aprovechar exactamente esas grietas, particularmente entre los más jóvenes.
En agosto de 2025, la Fiscalía desarticuló en Cancún una red que, según la investigación, reclutaba alumnas de secundaria para prostituirlas por medio de una de sus compañeras de clase.
Dos adolescentes fueron rescatadas y la indagatoria apuntó a pagos de 2 mil 500 a 3 mil pesos por servicio, con una comisión de 500 pesos retenida por la presunta explotadora.
Y es que la trata no sólo engancha en bares o centros nocturnos; también puede empezar en la escuela, en la colonia, en una red de conocidos, con la promesa de dinero rápido o consumo aspiracional.
La plataforma Red Lupa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia registró que en Quintana Roo 304 personas desaparecidas eran menores de 18 años y 196 de ellas eran niñas (mayo de 2025).
El Cuarto Informe Sombra de la colectiva Siempre Unidas, documentó 109 desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres en 2025.
El mismo informe señala que cuando una adolescente no es localizada rápidamente, la probabilidad de hallazgo disminuye y el patrón podría relacionarse con dinámicas de captación y explotación.
Por eso el nuevo protocolo turístico que exige acreditar parentesco o custodia cuando un adulto viaja con menores, es una medida necesaria, pero insuficiente.
Desde el primer trimestre de 2026, hoteleros y centros de hospedaje a través de plataformas digitales deben registrar a menores y verificar la filiación del adulto acompañante.
El problema es que gran parte del cumplimiento de esta medida descansa en la autorregulación, que permite un sinfín de omisiones.
Todo esto puede ser el verdadero fondo del caso de las 20 adolescentes reportadas como desaparecidas, y por eso no basta con celebrar que fueron localizadas.
Quintana Roo puede seguir anunciando que rescata víctimas, que suma cateos y endurece protocolos, pero si la trata sigue creciendo y alimentándose de adolescencias vulnerables, en zonas desfavorecidas —fuera del circuito turístico— a las que se les pone poca o nula atención, significa que el problema no se está atacando de raíz.
Ahí donde ese poderoso brazo del crimen organizado opera pagando colusiones institucionales, en zonas silenciadas lejos del mar, donde el delito sigue encontrando a sus víctimas antes que el Estado.
