La expropiación de los terrenos de Vulcan Materials en Quintana Roo, so pretexto de atajar un ecocidio y “taparle el ojo al macho” por la destrucción de largos trechos de la selva peninsular durante la construcción del Tren Maya, es otra ocurrencia de Andrés Manuel López Obrador que le puede salir muy, muy caro a México: la Cámara de Representantes de Estados Unidos dio paso a la iniciativa bipartidista Defending American Property Abroad Act (Ley de Defensa de la Propiedad Estadounidense en el Extranjero) presentada por el congresista August Pfluger que sancionaría a todo navío que llegue a puertos mexicanos y no sólo los que arriben al muelle que operó la firma minera en Punta Venado.
Como es sabido, la Comisión de Transporte e Infraestructura de la Cámara baja dio luz verde a una iniciativa que hizo énfasis explícito en México por el allanamiento, y posterior conversión a una “zona natural protegida” de la pedrera Sac-Tun que durante décadas explotara la firma a cargo de Ronnie Pruitt. Si bien falta todavía un proceso lento para que la iniciativa sea ley (y que vienen las elecciones de medio mandato de Donald Trump), se busca establecer sanciones contra gobiernos que, a juicio del Congreso, hayan incurrido en confiscación o expropiación ilegal de infraestructura propiedad estadounidense.
El punto esencial del proyecto de ley es impedir que buques que utilicen puertos o instalaciones consideradas “ilegalmente incautadas” por gobiernos extranjeros puedan ingresar u operar en puertos de Estados Unidos. Vaya que es de preocupación: el texto y en los pronunciamientos públicos de sus impulsores se menciona directamente el puerto de Punta Venado de Vulcan.
› Y tras el abucheo, tiro
De aprobarse la legislación y activarse sus disposiciones, cualquier embarcación que utilice cualquier instalación portuaria en México enfrentaría restricciones severas para acceder al sistema portuario estadounidense. Un bloque marítimo comercial, pues, con severas implicaciones directas para el transporte marítimo regional.
El argumento del Gobierno mexicano fue la presunta protección ambiental del puerto y las canteras operadas por Vulcan, criterio confirmado este fin de semana por la Semarnat de Alicia Bárcenas. Para la empresa fundada por Tom Hill y para los legisladores estadounidenses, esa acción constituyó una expropiación indirecta sin compensación adecuada.
Y como si faltaran más ingredientes de tensión en la relación entre el Gobierno de Trump y el de Claudia Sheinbaum.
Así, mientras el Plan México, a cargo de Altagracia Gómez, clama por inversión, la iniciativa de ley —siendo bipartidista— por sí misma envía una señal de alerta para otros proyectos de inversión extranjera en sectores estratégicos como infraestructura, energía y minería: la posibilidad de que disputas regulatorias deriven en acciones legislativas con impacto comercial directo refuerza el ambiente de incertidumbre jurídica en plena renegociación del T-MEC.
Mucho ojo.
Capufe: trucos viejos, nombres nuevos. El reciente cambio del titular en Caminos y Puentes Federales (Capufe) no modifica las prácticas de contratación que se señalaron en gestiones anteriores. Dicen que chango viejo no aprende maroma nueva.
La licitación LA-09-J0U-009J0U001-N-15-2026 para arrendar hasta 308 vehículos usados de auxilio vial, cuyo fallo se definirá este 31 de marzo, apenas un día después de la presentación de propuestas, envía señales de dados cargados: la reducción de plazos para presentar ofertas, la apertura a contratar unidades usadas con hasta 100 mil kilómetros… y, sobre todo, especificaciones técnicas coincidentes con las del proveedor beneficiado en 2024, Jet Van Car, de Cuauhtémoc Velázquez García.
Es decir, que en lugar de un concurso abierto, el diseño del procedimiento apunta a favorecer la continuidad del mismo actor, con las mismas ambulancias, grúas y unidades de rescate, aunque estén viejas y destartaladas, pues los funcionarios de Capufe dicen que un vehículo nuevo no necesariamente es superior.
En suma, la gestión encabezada por Carlos Arceo Castañeda arranca sin romper inercias, con costos potenciales para el interés público. A ver si no se le bajan las llantas pronto.
Pescaderías (y pescadores tabasqueños) en aprietos. Al debilitarse la tradición de la vigilia, las pescaderías han experimentado caída en ventas del 40% en comparación con hace cinco años. De acuerdo a Concomercio (Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar) que encabeza Gerardo Cleto López, hace un lustro la llegada de Semana Santa representaba hasta 20% del consumo anual de productos pesqueros, con ventas que aumentaban hasta entre 40% y 60% respecto a días normales.
Sin embargo, el cambio en el estilo de vida y la menor demanda han afectado negativamente a cerca de 2 mil establecimientos y, por tanto, a unos 328 mil productores del sector pesquero, entre captura y acuacultura.
Para rematar, los pescadores de Tabasco, como lo denunció Joaquín Madrigal, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras El Faro en Centla, padecen el rechazo de sus capturas en la Central de Abasto CDMX y en Puerto Progreso por el temor al derrame de petróleo (que no es derrame, según el Gobierno federal) que afecta las costas del golfo de México.
Vaya, hasta por salud, urge promover el consumo de pescados y mariscos.
