Israel acaba de aprobar una ley que autoriza la pena de muerte para terroristas. Pero describirla así, en abstracto, oculta lo esencial. No se trata sólo de una norma más dura contra el terrorismo.
Se trata de una ley diseñada en un contexto político preciso, impulsada por Itamar Ben Gvir y aprobada por la Knéset con 62 votos a favor y 48 en contra, que convierte la ejecución por ahorcamiento en la sanción por defecto para palestinos condenados en tribunales militares por ataques letales. Benjamin Netanyahu acudió personalmente a votar a favor, aunque se veía incómodo con el resultado.
La decisión marca un antes y un después porque Israel no estaba discutiendo únicamente cuánto castigar, sino a quién, bajo qué jurisdicción y cuál es el mensaje político.
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La ley establece una arquitectura dual: en los tribunales militares que juzgan a palestinos de Cisjordania, la pena capital queda como regla, con margen limitado para sustituirla por cadena perpetua; en la jurisdicción civil israelí, en cambio, hay más discrecionalidad.
La ejecución, además, debe llevarse a cabo en 90 días y sin posibilidad de clemencia. Por eso la crítica más fuerte no ha sido sólo moral, sino jurídica: no parece una norma penal general y simétrica, sino un instrumento punitivo selectivo.
Un sistema donde los tribunales militares juzgan a palestinos y la ley ordena ahorcamientos en 90 días sin clemencia, la pena de muerte es un mensaje y, sobre todo, una pedagogía del enemigo.
Ben Gvir presentó la propuesta como una medida de disuasión, justicia para las víctimas y cierre de la puerta a futuros intercambios de prisioneros. Pero la oposición israelí respondió con un argumento moral fuerte: que esta ley se parece menos a una política criminal seria que a una puesta en escena del castigo. Yair Lapid dijo que lo que estaba sobre la mesa no era una ley, sino un montaje distorsionado de relaciones públicas que explota el dolor y la ira justificados de la sociedad israelí para obtener ganancia política. Esa objeción es central pues una democracia se define también por cómo legisla cuando se enfrenta al dolor y a las pérdidas de sus ciudadanos.
Por difícil que suene, la consecuencia va más allá del debate sobre la pena de muerte. La ONU advirtió que la ley viola el derecho internacional, que es discriminatoria y plantea serias dudas sobre el debido proceso. Por su parte, la Unión Europea la calificó como un retroceso en términos de derechos humanos. Incluso si enfrenta impugnaciones judiciales, la señal política y ética ya fue enviada; bajo presión de su extrema derecha, el gobierno de Netanyahu decidió que el lenguaje del castigo total era electoralmente más rentable que el de la contención jurídica. Lo que sigue es la batalla constitucional; se espera que la Corte actúe, y que la ley de Ben Gvir quede revertida.
En Medio Oriente, ese tipo de leyes aunque comunes, también redefinen el terreno moral de la región.
