Ya ni es sorpresa. La megacompra consolidada de medicinas y material médico para el sector público para los próximos dos años oootra vez falló: los resultados de los estudios de mercado (o mesa de negociación, como les dice ahora la Secretaría de Salud de David Kershenobich) al 30 de marzo pasado reportan que, números más o menos, no hubo oferta para 40% de las 3,841 claves médicas licitadas de manera bienal —no “bianual” como equivocadamente se anota en los anexos técnicos del concurso— y las que presentaron en promedio registran precios entre 25% y 30% más alto que lo reportado en las asignaciones hechas para 2025 y 2026.
Así, es de prever que el desabasto en clínicas y hospitales de gobierno sea la constante durante una década de “transformación”. La Subsecretaría de Salud, a cargo de Eduardo Clark, quería “bueno, bonito y barato”, con precios aún más castigados, así como la distribución a 1,064 puntos específicos —la mayoría de ellos con cantidades irrisorias— y dirigir la compra hacia la “industria nacional” al limitar el concurso sólo a fabricantes con registro sanitario emitido por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y prohibir la participación de distribuidores de productos internacionales… aunque ello viole directamente el T-MEC que ahora busca renegociar el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y también el acuerdo comercial con la Unión Europea.
Vaya, si está chafeando la compra bienal no es por Trump, la guerra en Irán o los estertores de la dictadura cubana: se trata de un daño autoinfligido. De paso, diversos proveedores evaden participar a precios bajos por las multimillonarias deudas que el Insabi (antes Seguro Popular, a cargo de Alejandro Svarch) tiene por casi 12 mil millones de pesos con laboratorios.
Ahí está el detalle
Así que no es sorpresa el desastre en puerta: abultadas deudas sin pago visible, exigencia de entrega sin costo, precios castigados, prohibición de distribuidores internacionales para retornar a un nacionalismo aldeano y burocratismo a modo en la Cofepris.
No es extraño que el burocratismo de la comisión encargada recientemente a Víctor Hugo Borja esté bajo la lupa de la representación comercial de Estados Unidos, la USTR que dirige Jamieson Greer, que en su reporte 2026 destaca, a lo largo de 20 asuntos conflictivos con México, el hecho de que la Cofepris tarde más de un año en procesar registros sanitarios y con ello generar una de tantas barreras arancelarias que impiden renovar de manera equilibrada el acuerdo comercial.
Así que la compra consolidada 2027-2028 no sólo parece dirigirse hacia una nueva etapa de desabasto y desastre administrativo (el abasto para 2026 se ha tenido que medio subsanar con siete concursos extraordinarios y parchados convocados por Birmex, que lleva Carlos Ulloa), sino a generar otro conflicto diplomático y comercial con los principales socios en capital e intercambio de México.
Juicios vs. Tren Maya valen más que el tren mismo. En la Cuenta Pública 2025 del Tren Maya el informe sobre pasivos contingentes (asuntos legales en proceso de resolución que deben informarse y en su caso generar reservas para cumplir lo que ordenen los jueces) reporta un saldo a cuestas por 578 mil 893 millones y 658 mil pesos en pleitos: una cantidad que supera considerablemente los activos totales por 505 mil 179 millones y 945 mil pesos reportados por la infraestructura de transporte a cargo del general Óscar Lozano Águila.
El mayor de los juicios en contra del Tren Maya es de índole civil interpuesto por la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado —aglutinando un juicio de acción colectiva— en contra del Grupo México, de Germán “El Buena Onda” Larrea; México Proyectos y Desarrollos; ICA que lleva Guadalupe Philips; Constructora de Infraestructura; Acciona Infraestructura, que lleva José Díaz Cañeja, contra la Secretaría de la Defensa, Banjército; el Grupo Mundo Maya, que dirige el General Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal y contra el Tren Maya en reclamo del daño ecológico perpetrado durante la construcción de esa infraestructura: el reclamo es por 572 mil 147 millones y 840 mil pesos.
Los contadores del Tren Maya creen que esa demanda no tiene mucho futuro, pues no ha sido admitida (y menos con un Poder Judicial capturado en la elección del acordeón) por el Juzgado 8.° de lo Civil de la CDMX.
Los contables consideran que los ambientalistas sólo tienen 20% de probabilidad de triunfo. Pero la demanda en sí misma habla de la devastación que sin mitigación ambiental y reacondicionamiento provocó una onerosa e improductiva ensoñación de Andrés Manuel López.
Sin embargo, los juicios mercantiles son asunto pesado: uno solo por poco más de 4 mil millones de pesos (ya informado en este espacio) supera en 7.5 veces los ingresos propios que tuvo el Tren Maya en 2025. Se le concede al quejoso 50% de probabilidad de triunfo.
GAP, palomita en Semana Santa. No es fácil viajar en la Semana Mayor o en Pascua (quien esto escribe, lo evita), pero el Grupo Aeroportuario del Pacífico, al mando de Raúl Revueltas, ha realizado obras de mejora y expansión tanto en el “lado aire” como en el “lado tierra” con más de 32 mil millones de pesos invertidos en Guadalajara, Los Cabos, Puerto Vallarta y Tijuana. Pese al trajín e inconveniencia de obras de esa magnitud, el nivel de satisfacción de los usuarios supera el 80% conforme a las encuestas aplicadas en el estándar Cirium.
El plan de inversión en mejoras (destacando el Aeropuerto Internacional de Guadalajara) es de 52 mil millones de pesos, por lo que el mes pasado emitió bonos por 12 mil millones de pesos para refinanciar la deuda bancaria contratada para tales proyectos.
