El pasado mes de octubre, la ministra Lenia Batres, en su ponencia, puso sobre la mesa el tema de la exigibilidad del derecho de consulta previa a las personas con discapacidad, sin duda, una situación que afecta seriamente a este sector.
El día de hoy se espera que organizaciones de personas con discapacidad y la sociedad civil acudan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para entregar un documento respaldado con 852 firmas de personas con discapacidad y organizaciones que trabajan por sus derechos en todo el país.
¿Pero por qué las personas con discapacidad y las organizaciones civiles están tan preocupadas?
Les cuento: el tema de las consultas a personas con discapacidad no es un asunto menor ni un simple trámite burocrático. Es un derecho establecido en instrumentos internacionales y en la propia Constitución mexicana, que obliga a que cualquier ley o política pública que impacte sus derechos tenga que ser consultada previamente con ellas.
Y esto tiene una lógica muy clara: nadie mejor que las propias personas con discapacidad sabe qué funciona y qué no en su vida cotidiana.
Durante años, muchas decisiones se han tomado desde escritorios, con buena intención, pero sin conocimiento real. Un ejemplo muy sencillo lo explica perfectamente: las rampas. Un legislador puede decidir que todas las instituciones públicas deben tener rampas de acceso y pensar que está haciendo algo positivo.
OTRO OBSTÁCULO
Pero si esa rampa tiene una inclinación incorrecta, por ejemplo, demasiado empinada, no sirve. En el papel existe el derecho, pero en la práctica es inútil.
Ése es el problema de fondo de hacer leyes sin consulta: se crean soluciones que parecen correctas, pero que en la realidad no resuelven nada.
Hasta ahora, el criterio era claro: si una ley que afecta a personas con discapacidad no fue consultada, se declaraba inconstitucional. No importaba si en apariencia era “buena”. Primero se tenía que escuchar a quienes viven esa realidad.
Hoy, lo que se plantea es cambiar ese criterio. La idea es que, si una autoridad considera que la ley beneficia a las personas con discapacidad, entonces no sería necesario consultarlas.
Pero ahí está el problema de fondo: ¿quién decide qué es bueno para ellas sin preguntarles?
Eso no sólo es un error técnico, es una visión profundamente paternalista del Estado. Es volver a un modelo en el que otros deciden por ellas, sin incluirlas.
Además, trasladar la responsabilidad a las propias personas con discapacidad para que impugnen leyes que les afectan es completamente desproporcionado. No tienen los recursos, ni las herramientas legales, ni la capacidad para estar vigilando todas las leyes del país.
Lo que se está haciendo, en los hechos, es quitarles el derecho a ser escuchadas.
Y eso es un retroceso grave. Es equivalente a quitarle a los pueblos indígenas su derecho a la consulta previa.
Porque el principio es exactamente el mismo: no se puede legislar sobre un grupo sin incluirlo.
En medio del debate sobre posibles cambios en la SCJN respecto a la consulta a personas con discapacidad, platicamos con la periodista y activista Katia D’Artigues, quien advierte que se trata de un tema de fondo que podría afectar derechos fundamentales.
Katia, fundadora de la organización Yo También. Discapacidad con todas sus letras, explica que la consulta no es opcional ni un tema menor: “Es una obligación constitucional consultar a las personas con discapacidad, así como a los pueblos y comunidades indígenas. Esto deriva de una convención internacional que México impulsó, gracias a Gilberto Rincón Gallardo”.
Esta obligación establece que cualquier ley que afecte directamente a personas con discapacidad debe ser consultada previamente. “Durante muchos años, las decisiones se han tomado desde un escritorio, con buena intención quizá, pero sin escuchar a quienes viven esa realidad. Y eso es precisamente lo que busca corregir la consulta”, señala.
Para ilustrarlo, Katia utiliza una analogía clara: “Es como si los hombres decidieran una ley que afecta a las mujeres sin consultarlas. Nos parecería inaceptable. Lo mismo pasa con las personas con discapacidad”.
Hasta ahora, la Suprema Corte tenía un criterio muy claro. “Si una ley llegaba a la Corte y no había sido consultada, se declaraba inconstitucional automáticamente. Ni siquiera se discutía el fondo”, explica.
Sin embargo, ese criterio podría cambiar. Y el cambio tiene nombre: Lenia Batres.
“La ministra Lenia Batres es quien impulsa modificar este criterio”, advierte Katia. “Lo que propone es que no todas las leyes se declaren inconstitucionales por falta de consulta. Es decir, que si consideran que la ley beneficia a las personas con discapacidad, entonces no se invalide, aunque nunca se haya consultado”.
El problema, explica, es de fondo: “¿Cómo vas a saber si una ley beneficia o perjudica si nunca preguntaste a quienes les afecta? Es como el huevo o la gallina: si no consultas, no puedes saber si está bien o mal”.
Además, la propuesta implica trasladar la carga a las propias personas con discapacidad. “Se plantea que, si sienten que la ley les afecta, entonces se quejen. Pero eso es completamente desproporcionado. Las organizaciones no tienen recursos para estar vigilando todas las leyes del país, ni tienen acceso directo a la Suprema Corte”.
Para que un caso llegue al máximo tribunal, se requiere la intervención de instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o un grupo de legisladores. “Y la realidad es que la Comisión no siempre actúa, y las organizaciones quedan en total desventaja”, señala.
El tema generó una fuerte reacción. “Se armó una verdadera movilización. Más de 80 personas participaron en audiencias públicas durante más de 15 horas. Fue algo histórico”, recuerda.
En esas audiencias incluso hubo testimonios dentro de la propia Corte. Katia menciona el caso de la ministra Loretta Ortiz, quien reveló que tiene un implante coclear. “Ella explicó lo importante que es escuchar a las personas con discapacidad antes de tomar decisiones. No es un tema abstracto, es algo que impacta directamente en la vida de la gente”.
Pese a ello, el proyecto impulsado por Lenia Batres no ha avanzado. “Han pasado meses y no se ha vuelto a discutir. Está completamente detenido. No sabemos qué va a pasar”, dice.
Ante esta incertidumbre, organizaciones de la sociedad civil han decidido actuar. “Más de 800 personas y organizaciones firmamos una carta que vamos a entregar en la Suprema Corte para exigir que el tema se discuta de manera abierta”.
Katia insiste en que lo que está en juego es mucho más que un criterio jurídico: “Es definir si las personas con discapacidad van a seguir siendo vistas como sujetos de derechos o si regresamos a un modelo donde otros deciden por ellas”.
Y advierte: “Esto es muy grave. No se trata de un tecnicismo. Se trata de garantizar que quienes han sido históricamente invisibilizados puedan ser escuchados. La consulta no es un trámite, es una herramienta para construir mejores leyes”.
Para Katia D’Artigues, el mensaje es claro: “Sin consulta, no hay inclusión real. Y sin inclusión, estamos tomando decisiones incompletas, injustas y, muchas veces, equivocadas”.
Por lo pronto, este proyecto no se ha presentado de nuevo. Parece que la ministra Batres se ha dado cuenta de que no tiene los votos para impulsar algo tan grave y que afectaría directamente a las personas con discapacidad, como lo que propone.