En las últimas semanas hemos sido testigos del aumento súbito en el precio de la gasolina en México, lo que ha ocasionado presión inflacionaria general y ha reavivado la discusión sobre hasta qué punto el Estado mexicano puede contrarrestarlo.
El mundo ha sido testigo del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán —iniciado a finales de febrero— que, si bien por el momento transita por un alto al fuego decretado por ambos frentes, no se ve del todo claro que vayan a lograr alcanzar las exigencias innegociables mutuas como para ponerle fin a las hostilidades tan pronto como se desearía.
Las acciones militares en dicha región encendieron las alarmas globales en diversos ámbitos, con consecuencias que de inmediato se resintieron a nivel mundial. Entre ellas, destacan caídas en las principales bolsas de valores, a la par de vertiginosos aumentos en los precios mundiales del combustible y de derivados del petróleo —ocasionado por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, por donde transitan los buques petroleros de los mayores productores de petróleo del mundo—.
Ley Anti-Mayer
México —al igual que la amplia mayoría de países no petroleros— está a expensas de lo que sucede en el exterior en materia energética, pues, a pesar de contar con yacimientos petroleros importantes, su industria y la paraestatal encargada de administrarla, lleva décadas en crisis operativa y financiera, sin que su funcionamiento sea rentable y sin poder lograr autosuficiencia energética.
Ante el alza abrupta en la gasolina, el Gobierno ha tenido que intervenir directamente y fijar precios máximos —con una marcada diferencia entre el precio de la gasolina de bajo y alto octanaje—, con la intención de contener el alza generalizada de precios, pero con las consecuencias que genera una distorsión de mercado de ese tipo.
Tratar de contener los precios del combustible artificialmente en forma de estímulos fiscales y subsidios, conlleva un gasto extraordinario con cargo al erario público de miles de millones de pesos —recursos que dejan de ocuparse en otros ámbitos—. Además, genera una falsa percepción de estabilidad que, tarde que temprano, termina impactando otros ámbitos de la economía.
Es así que productos de la canasta básica ya enfrentan fuertes presiones inflacionarias, con las mayores afectaciones —claro está— para los estratos socioeconómicos más bajos. En el caso del jitomate, ya se registra un aumento del 126% respecto al año anterior, mientras que los productores de tortilla consideran necesario un aumento por kilo de entre 2 y 4 pesos en el corto plazo.
Desde el punto de vista de los productores, aunque el precio de la gasolina se ha mantenido dentro de cierto rango, señalan que el resto de la cadena operativa —evidentemente— se ha encarecido. Por su parte, el Gobierno se ha limitado a decir que los aumentos en los productos de la canasta básica son injustificados y que siempre se puede optar por cargar gasolina “de la verde” si la otra resulta demasiado cara.
Estamos, pues, frente a las consecuencias tangibles que afectan el día a día de la población de a pie, agravado por un problema estructural de la industria energética de nuestro país acarreado por décadas, cuya solución requiere medidas y políticas de bastante largo aliento.
